A través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó que, durante 2019, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en el 2017 a 15 mil 732 en ese 2019.
El organismo de estadísticas determinó que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2 por ciento de los casos, seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento en los estados y municipios.
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Para Jorge Martínez Ocampo, litigante especializado en delitos de cuello blanco –tráfico de influencias, fraude, lavado de dinero, cohecho, peculado, entre otros–, la corrupción no es algo que sólo el gobierno deba solucionar, sino que la sociedad es la primera que debe de poner un granito de arena para enfrentar este problema.
Determinó que México cuenta con dos mil 458 municipios y 16 alcaldías como primera instancia de gobierno, y la corrupción se enreda en estas instancias, por lo que este problema no se erradicará, “mientras el combate a la corrupción siga como letra muerta en las campañas políticas”.
Martínez Ocampo, como pionero en ofrecer cursos a empresas y gobiernos con el modelo denominado Compliance gubernamental (cumplimiento normativo), dijo que es importante que los funcionarios ejerzan este sistema de normas que se generan dentro de la administración –en un municipio, estado o empresa– con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas de gobierno y un sistema de anticorrupción moderno.
Estableció que Compliance gubernamental se vuelve una herramienta contra la debilidad de las instituciones y las fortalece en todos sus aspectos, desde lo laboral hasta la prestación de servicios públicos.
Además, explicó que rtambién contribuye a la aceleración en la burocratización de trámites, amplía el margen de transparencia y la profesionalización de los servidores públicos, desde el policía hasta el mismo alcalde.
Expresó que, ante la percepción negativa de los ciudadanos frente a la corrupción, urge la promoción de la legalidad y la integridad, así como la respuesta, la investigación y la sanción efectiva ante faltas de conducta y actos de corrupción.
Jorge Martínez, recordó que el 17 de junio tocará estos importantes temas en el seminario virtual “Compliance para gobiernos locales. ABC para nuevas administraciones públicas”, al que asistirán servidores públicos en funciones.
AESC