Darle a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la facultad de vigilar las obligaciones de transparencia de los sindicatos podría revivir una “relación perversa” entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores, los cuales, además, retomarían la opacidad que reinó al interior de ellos hace años, advirtieron especialistas consultados por MILENIO.
De concretarse la idea de que sea la SFP la que vigile que los sindicatos transparenten la información relacionada con recursos públicos, que ahora corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se sometería a las organizaciones sindicales a una supervisión del gobierno federal que ya se había superado hace tiempo, consideró el profesor Luis E. Giménez Cacho, especialista en transparencia sindical.
Con la reforma de 2014 en materia de transparencia, la reforma laboral de 2019 y la creación del Centro Federal de Registro Laboral, el gobierno federal dejó de tener injerencia sobre las organizaciones sindicales, aseguró Giménez.
Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una iniciativa de reforma para que desaparezca el INAI, por considerarlo oneroso y poco útil, y que sus funciones sean absorbidas por la SFP.
Sin embargo, dicha Secretaría solo tiene, actualmente, autoridad en materia de control interno sobre instituciones del gobierno federal y el INAI es autoridad en materia de transparencia sobre todo tipo de instituciones públicas aparte del gobierno federal, como el Poder Legislativo y Judicial, otros organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos.
La normatividad en transparencia vigente obliga a los sindicatos a dar a conocer información únicamente sobre los recursos económicos que reciben de las instituciones públicas, no sólo del gobierno federal, en las que trabajan sus agremiados; las cuotas sindicales de los trabajadores están exentas del escrutinio público.
“Si le pasáramos a la SFP la atribución de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los sindicatos, estaríamos regresando a un esquema en el cual el Poder Ejecutivo, la Presidencia o sus dependencias, como lo es la SFP, tendrían injerencia en la vida interna de los sindicatos y eso es nuevamente una ruptura con la violación del espíritu de la reforma laboral”, afirmó el académico.
Giménez Cacho recordó que había una tradición “históricamente criticada” de que el gobierno ejercía un control político sobre los sindicatos a través de las atribuciones de registro de las organizaciones de trabajadores.
“Había una relación perversa entre el gobierno y los líderes sindicales: ‘tú me apoyas y yo te reconozco y te cuido de tus rivales, de los independientes, de los que tengan otro punto de vista’. Esa relación perversa se rompió a partir de la reforma laboral de 2019, pero no puede regresar por la puerta de atrás, por mecanismos como éste en el que ahora la Federación es la que fiscaliza el cumplimiento de transparencia de los sindicatos”, explicó.
“Sería, sin duda, un grave retroceso... aun así, estando ahí el INAI, por ejemplo, el sindicato de los petroleros se ha estado amparando para mantener un sistema de funcionamiento opaco, para no dar a conocer información; entonces sería mucho más frágil la transparencia si solamente fuera la SFP la autoridad”, aseveró.
Además, consideró, sería un retroceso para el conocimiento que ahora pueden tener los agremiados del funcionamiento de las cúpulas de sus organizaciones sindicales.
Giménez dijo que aunque en los estatutos de muchos sindicatos grandes sí había la obligación de los líderes de informar, “nadie cumplía y como no había sanciones, no se cumplía nada”.
“Lo más importante (de la transparencia de los sindicatos) es que los trabajadores, los miembros del sindicato, puedan ejercer sus derechos democráticos a fiscalizar las tareas y la manera en que las llevan a cabo los dirigentes sindicales. Es un contenido eminentemente democrático”, aseguró Giménez.
“Muchos trabajadores no conocían ni su contrato colectivo ni su reglamento interior de trabajo ni los estatutos de su sindicato; todo eso hoy es del dominio público, es una gran conquista y sería una pena que, para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos, en esa materia, se retroceda, porque tiene que ver con el tema de la democracia sindical”, dijo.
Con él coincide, parcialmente, Víctor S. Peña, director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de El Colegio de Sonora, quien dijo que por las características de la información que por ley tienen que publicar los sindicatos y por la posibilidad de hacerles solitudes de información, los agremiados de esos sindicatos tendrían que ser los más beneficiados de que sean sujetos obligados a la transparencia.
“Los agremiados son quienes puedan estar encontrando una dirigencia sindical mucho más horizontal, mucho más accesible a sus propios intereses, en un diálogo mucho más continuo; por las características de la información, es altamente probable que el sector trabajador fuera el más beneficiado, pero no tendría un dato fuerte que dijera que efectivamente se está ejerciendo el derecho, porque una cosa es que esté puesta la mesa y otra que la gente tenga apetito y se siente en esa mesa”, opinó.
Sindicatos, sin confianza
Peña, analista de los artículos de la ley de transparencia relacionados con sindicatos, afirmó que designar en una dependencia del Ejecutivo federal la supervisión de las obligaciones de transparencia de los sindicatos ocasionaría que se diluyera la disposición que hay de éstos a cumplir con la ley de transparencia.
Explicó que en 2014, la mayoría de organizaciones sindicales aceptó ser parte de los sujetos obligados porque sería una autoridad independiente la que resolviera controversias.
Lo anterior lo confirmó Patricia Kurczyn, ex comisionada del INAI, quien aseguró que cuando se reformó la ley para incluir a los sindicatos entre las instancias obligadas a la transparencia, hubo poca resistencia.
Peña dijo que si ahora fuera el Ejecutivo el que los supervise, no habría disposición ya que implicaría un conflicto de interés, pues el gobierno es el “patrón” de los trabajadores de sindicatos de instituciones públicas.
Sin embargo, aclaró que todo se trata de especulaciones, pues no se conoce aún la propuesta de reforma planteada por López Obrador.
“Mi lectura es que una pieza fundamental para que los sindicatos se animaran un poco y que se fuera allanando la discusión, y se diera por concluida, fue que existiera esta instancia neutral que —es mi especulación— si dejara de existir en este tema y muchos otros, sí daríamos pasos hacia atrás”, opinó.
“Depende cómo se plantee (la propuesta de reforma), pero como se ha dicho de que sea otra vez el Ejecutivo (quien se encargue de la transparencia), lo más lógico es que se volviera a la desconfianza de hace 15 años”, consideró el académico.
Otra vía a la transparencia
Giménez Cacho explicó que además de las obligaciones de los sindicatos establecidas en la Ley General y en la Ley Federal de Transparencia, en la Ley Federal de Trabajo hay otras disposiciones que abonan también a la rendición de cuentas.
“Las obligaciones de transparencia en materia laboral también tienen otros aspectos, porque los organismos del Estado, la Secretaría del Trabajo y ahora el nuevo Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral, tienen también la obligación por ley de publicar los documentos de los sindicatos y ahí es de todos, no solamente de los que reciben recursos públicos”, explicó el profesor.
Esto implica publicar en internet los contratos colectivos de trabajo, los estatutos de los sindicatos, los reglamentos interiores de trabajo y los documentos del registro de los sindicatos que están en el registro de asociaciones.
“Eso no tendría porque modificarse, porque no sabemos cuál es el contenido efectivo de la reforma que se quiere llevar a cabo, ni se ha hablado de eso y yo creo que no se ha comprendido la profundidad que tiene tratar de alterar o de modificar la Ley General y la Ley Federal de Transparencia”, opinó.
JLMR