Las organizaciones Artículo 19, Fundar, Ethos, Transparencia Mexicana, México Evalúa y el IMCO, entre otras, que integran la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), acusaron que a cuatro meses del decreto presidencial que ordenó la extinción de los fideicomisos públicos no se cuenta con información sobre ese proceso.
“No tenemos información de la lista de fideicomisos que ya extinguieron o están en proceso de extinción o de los montos que se recuperaron, ni mucho menos certeza del estatus del cumplimiento de estos ordenamientos”, reprocharon en una carta en la que recordaron que uno de los compromisos del plan de trabajo de la AGA, ratificado en 2019, es la transparencia en este proceso.
“Pretender avanzar sin información ni claridad en este esquema no sólo sería contrario a la esencia de este compromiso y del mismo modelo de Gobierno Abierto, también impediría que se logren alcanzar las metas y los objetivos planteados, y nos llevaría a realizar acciones que no sean relevantes y ni de utilidad para el contexto actual”, advirtieron.
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Las organizaciones recordaron que en 2019 se buscó implementar acciones para garantizar la máxima transparencia, la rendición de cuentas efectiva y la utilidad para fines públicos de los fideicomisos.
En ese plan de trabajo se consideró partir de un diagnóstico la muestra de 16 fideicomisos relevantes, con importantes cantidades de recursos públicos disponibles, y con diferentes características para analizar su estatus, su utilización y así adoptar recomendaciones de mejora en transparencia, rendición de cuentas y gobernanza con el fin de mejorar su utilidad.
“Sin embargo, el decreto presidencial del 2 de abril, que determina la extinción de todos los fideicomisos no entidad paraestatal y recuperación de sus recursos a más tardar el 15 de abril de 2020, lo que sin duda tiene implicaciones importantes en la vida pública, pues podrían cancelarse más del 80 por ciento de estos instrumentos, que impactan en distintos temas que dependen de fideicomisos, como salud, protección civil, educación, ciencia y tecnología, cultura y derechos humanos, y sobre todo, impacta en las metas y objetivos que se buscaron con este compromiso.
"Cobra relevancia que se cumplan los objetivos señalados en el propio nombre del compromiso, transparencia, monitoreo y vigilancia para los procesos de extinción de los fideicomisos”, reclamaron.
En su carta dirigida a los secretarios de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reprocharon que desde febrero de 2020, sólo se realizó una reunión con el grupo de trabajo, el 23 de junio de 2020, en la cual se externó la necesidad de priorizar la información respecto a los procesos que derivan de la Ley de Austeridad como del Decreto de Extinción de fideicomisos.
De dicha reunión, explicaron, ambas dependencias se comprometieron a compartir en el transcurso de la siguiente semana, información sobre los fideicomisos que, del universo seleccionado en este compromiso, no se extinguirán, así como una fecha de publicación del listado completo de los fideicomisos que se van a extinguir, están o estarán en proceso de extinción conforme al decreto.
“Consideramos importante seguir avanzando en el trabajo de diagnóstico del universo de fideicomisos acordados, sin embargo, el alcance de este estudio se ha visto limitado ya que sólo hemos partido de la información pública disponible, es decir, con la información mínima con la que siempre ha trabajado sociedad civil sus agendas, si contar con la colaboración que implica un esquema de gobierno abierto”, indicaron.
FLC