La ministra Margarita Ríos Farjat reconoció que no tiene más que agradecimiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberla invitado a participar en su gobierno como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque sostiene que, ya en otro Poder como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se guía por las mismas “ilusiones y visiones críticas e independientes” que siempre ha mantenido.
En entrevista, la ministra del máximo tribunal del país cuestionó que “no falta quien lucre políticamente” con los votos de los ministros en los asuntos que resuelven a diario en el Pleno y en las dos Salas de la SCJN, pues aseguró que puede existir manipulación de la información: “medias verdades, descontextualizaciones o de plano falsedades”.
Ríos Farjat también se refirió en particular a un par de asuntos polémicos que se resolvieron en el Pleno de la SCJN como la reciente discusión y votación de la Ley de la Industria Eléctrica, así como el de la revocación de mandato.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya votó la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Una reforma cuestionada, tan cuestionada que motivó una acción de inconstitucionalidad, una que acaba de resolver la misma SCJN.
Creo que el hecho de que exista una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley o una reforma de ley no es algo negativo. Al contrario, es positivo porque, ante las dudas sobre su constitucionalidad, se activan los mecanismos de revisión, mecanismos diseñados democráticamente para que las mayorías legislativas transformen lo que han de transformar, sí, pero dentro de cauces constitucionales.
Ahora, respecto a la decisión del máximo tribunal sobre la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, hay una sensación generalizada de no haber entendido lo que se decidió, ¿estaría de acuerdo con esta sensación? En ese sentido, ¿podría ayudarnos a dilucidar qué fue lo que se votó en la Corte?
Claro que comprendo. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte son públicas, incluso son televisadas, pero ello no significa que la sociedad logre comprender a cabalidad todo lo que se discute. Esa publicidad es un arma de dos filos porque, como jueces constitucionales, no podemos convertirnos en actores mediáticos hablando para las cámaras y suprimir así el diálogo entre pares, porque las sesiones son para discutir técnicamente y reflexionar entre nosotros, primordialmente.
Respecto a la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, veo tres ejes fundamentales: a) Fortalecer a la CFE como empresa productiva del Estado, b) ajustar algunos contratos y reglas de participación en el mercado eléctrico; y c) corregir posibles abusos de la participación de empresas privadas en ese mercado. Transversal a todo esto, tenemos el quehacer del órgano regulador (Cenace). Esos son los ejes que yo vi, y a partir de los cuales definí mi voto.
Ministra, por cierto, su voto fue uno de los más divididos de todo el pleno. Validó porciones, pero invalidó otras. A la luz de estos ejes que menciona, ¿podría explicarnos por qué votó como votó? Para empezar, ¿qué fue lo que votó a favor?
No me parece inconstitucional fortalecer las empresas productivas del Estado, pero sin amagar a competidores una vez aceptado un marco de competitividad entre pares. Por eso voté a favor del nuevo tipo de contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. A mi manera de ver, esos contratos tienden a corregir distorsiones que provocaban que la CFE cubriera incumplimientos de los generadores privados, y no encuentro falta en cambiar esta situación.
Tampoco me pareció inconstitucional ampliar el concepto de “central eléctrica legada” para incluir las de generación limpia de la CFE que fueron excluidas de ciertos contratos de la Ley de la Industria Eléctrica en 2014. Entiendo que existen varias hidroeléctricas que son propiedad de la CFE que no estaban contempladas en esa ley. No me parece inconstitucional su inclusión.
¿Cuál fue su posición respecto a la revisión de los permisos de autoabastecimiento, y de los contratos de productores independientes? ¿Por qué votó a favor de eso?
Dice la reforma de 2021 que deben revocarse los permisos obtenidos en fraude a la ley. Podrá decirse, ¿a qué ley? Pues a la vigente cuando se obtuvieron, pero más que nada, a la Constitución. De los contratos, dice la reforma de 2021 que deben revisarse en términos de su rentabilidad.
No me parece inconstitucional siempre y cuando esas revisiones se den en un marco de legalidad, y sin olvidar que el artículo 134 constitucional ordena que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Entonces, esa revisión de estos cinco principios está latente en toda clase de contratación pública. Toda persona que celebre permisos o contratos con el Estado está sujeta a un escrutinio especial, porque está contratando con los bienes y recursos de todos, pues todos contribuimos a la carga pública. Esta convicción por el 134 constitucional la he sostenido en votos y sentencias que he propuesto en la Primera Sala y han motivado algunas tesis de jurisprudencia.
Todas estas cuestiones usted las votó a favor, pero no todo fue así. Varias cosas las votó en contra, ¿cuáles fueron?
Creo que para un mercado competitivo entre pares (CFE actúa como igual a los privados en algunas contrataciones) es necesario que exista igualdad de condiciones para competir en la búsqueda de obtener contratos de cobertura eléctrica.
La ley anterior determinaba que las subastas para acceder a ellos serían obligatorias —así que todos los participantes se sometían al mismo mecanismo—, pero la reforma de 2021 propuso que las subastas fueran optativas. Voté en contra de que fueran optativas porque, al quedar como mecanismo de uso potestativo, deja de tenerse certeza de cuándo se usará, y eso perjudica las condiciones de competencia en piso parejo que, entre iguales, deben primar en los procesos de un mercado competitivo.
¿Cómo fomentar la participación en procesos donde no se tiene certeza de las reglas del juego? Se merma la confianza. En la sesión del 7 de abril reflexioné que sanear una industria promueve la competitividad, pero el modo de hacerlo pudiera desestabilizar las condiciones de confianza necesarias para que esa competitividad florezca. Justamente por esta razón, también voté contra el orden del despacho. Aquí se ve claramente mi voto diferenciado: fortalecer a la CFE en todo lo posible, pero no hasta el punto donde se dañe la competencia diseñada en la Constitución.
¿Y por qué eso es importante en términos constitucionales?
Porque es mandato del artículo 25 constitucional que la rectoría del desarrollo nacional sea integral y sustentable, y que la competitividad, y el fomento al crecimiento económico y al empleo —así como una justa redistribución de la riqueza— son los pilares de ese desarrollo integral y sustentable. ¿Cómo puede fomentar el crecimiento económico el hecho de que se establezcan mecanismos difusos de acceso a los mismos contratos? Creo que dar seguridad no cuesta nada y, en cambio, genera mucho: genera certidumbre, tranquilidad y fortaleza. Genera valor.
Y el orden del despacho debe seguir criterios técnicos, y para eso está el órgano regulador, el Cenace, para que, considerando la eficiencia, pero también la planeación desde la Sener establezca en cada caso el orden de despacho bajo los principios del artículo 25 y los transitorios de la reforma de 2013, que están ahí, en la Constitución, como parte de ella.
A partir de sus votos es como debería entenderse su voto en relación con el Poder Ejecutivo, porque a usted no solamente la propuso AMLO, sino que trabajó a su lado. ¿Debía demostrar lealtad votando a favor?
Durante el año que fui jefa del SAT trabajé con entusiasmo por una transformación. El Presidente me invitó a colaborar, y sumé mis principios y convicciones. Integridad y honestidad siempre los sentí como valores compartidos. Decía que yo no le ocultaría cosas, y nunca lo hice: nunca di números falsos ni promesas ligeras ni verdades maquilladas ni intrigas convenencieras. Al contrario, siempre fue el trabajo duro y comprometido. En ese sentido, yo no tengo más que agradecimiento por haberme invitado a participar en un gobierno sobre esos pilares.
Además, mientras estuve en el SAT el Presidente nunca me pidió fiscalización ni beneficio para nadie, siempre fue muy escrupuloso y respetuoso. Y dado que él no lo hacía, tampoco su gabinete, eso facilitó el cambio en la cultura fiscal, donde hacía tanta falta. Entonces, ni para ese cargo ni para este juré honrar a la Constitución cruzando los dedos por detrás, sino con el genuino deseo de servirla, y ahora con la clara conciencia de estar en otro poder. Mi compromiso es mantener mis principios, que fueron aquilatados en su momento al grado de sumarlos al gobierno.
Parece que comparte aún una visión, pero en términos generales usted no ha votado todos los asuntos del gobierno a favor. ¿Qué reflexiones tiene al respecto?
En la Corte votamos un promedio de entre 120 y 150 asuntos por mes, entonces, en esta cuestión de los votos puede existir manipulación de la información: medias verdades, descontextualizaciones, o de plano falsedades. Como es tanto nuestro trabajo, y tan técnico, no falta quien lucre políticamente a costa nuestra a partir de manipulación e intriga. Que si muy leal al Ejecutivo, que si muy rebelde, en fin, reduccionismos, muchas veces fuego amigo y cortinas de humo para distraer de las verdaderas cuestiones trascendentales.
En todo caso, es lógico que coincida en muchos enfoques con la coalición política dominante, pues formé parte de ella. Pero me sigo guiando por las mismas ilusiones y visiones críticas e independientes que siempre he mantenido, y las cuales aporté al gobierno en su momento, sin olvidar que para este cargo me eligió un Senado plural frente al cual juré honrar a la Constitución.
Justo ahora que lo dice, me parece pertinente la reflexión. Su voto diferenciado en la reforma eléctrica es ponderado como autonomía, pero apenas en diciembre hubo quienes dijeron que carecía de ella por haber admitido una controversia constitucional, la promovida por los diputados en contra de la suspensión que decretó el INE para no llevar a cabo la revocación de mandato.
Es un buen ejemplo desde el exterior. Pues ¿qué decir? Se llegó a decir que era un “error judicial” haber admitido esa controversia, lo cual me parece un absurdo y un mal empleo de un término tan delicado.
Recordemos que el INE había solicitado a la Corte, en una controversia previa, que le permitiera suspender las actividades para organizar la revocación de mandato por falta de presupuesto. La Corte negó esa suspensión, pero luego el INE dictó un acuerdo interno suspendiendo esos preparativos. Ante eso llegó después la controversia de la Cámara de Diputados alegando invasión de competencias: el Legislativo ordenó llevar a cabo el ejercicio en la ley que había aprobado, y el INE se estaba negando a ello.
La ministra Esquivel y yo integramos la Comisión de receso de la Corte en diciembre, y admitimos esta controversia. El INE alegaba que era materia electoral —y que por eso no era competencia de la Corte y entonces era improcedente—. Pero no, es debatible si era electoral o presupuestal porque el INE argumentaba falta de recursos. Además, por precedentes y principio “pro acción” no puede negarse la admisión de una controversia salvo que sea notoria y manifiestamente improcedente, y ya vemos que en este caso no lo era. Si vamos a considerar que eso es electoral o presupuestal, y apartarnos de precedentes, es tema de fondo.
Se habla de una polarización, incluso de una degradación de la vida pública, más que de una transformación. ¿Podría opinar sobre eso?
Me parece que estamos frente a un estilo distinto del quehacer público. Pero hablar de una degradación implicaría que se poseía antes un estatus alto u honorable, y yo tengo muchas dudas al respecto. Un estatus alto u honorable de la vida pública no habría dividido al país entre personas con voz y personas sin ella. Ni habría dejado una estela de inseguridad y pobreza, una barrera de falta de oportunidades y de movilidad social. Por eso creo que es adecuado hablar de transformación.
Finalmente, ¿los ministros y ministras están haciendo lo correcto? ¿Sus decisiones son lo mejor para México?
Somos once ministros, o sea, once formas de proponer hacia dónde va o debe ir México en términos constitucionales, once formas de entender el derecho constitucional. Once personas haciendo lo mejor que podemos conforme a nuestro leal saber y entender, más allá de embates o calumnias, porque presiones nunca faltan. La única forma de no equivocarnos es la ecuanimidad de lo que consideramos ético y correcto.