El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que, pese al sólido marco legal electoral con el que cuenta México, no existe una normativa adecuada para reglamentar y sancionar las campañas políticas desarrolladas desde las plataformas digitales.
“En México existe un modelo de comunicación política altamente regulado, que busca garantizar la equidad en la contienda, pero que aún carece de la normativa adecuada para las campañas que suceden desde las plataformas digitales”, advirtió al participar en la inauguración del Congreso Internacional “Tecnologías digitales: Democracia y regulación desde Europa y América”.
Ante ello, dijo el magistrado, el Tribunal Electoral ha sido el espacio idóneo para delimitar los alcances de la comunicación política en el ámbito digital y determinar los límites y sus sanciones.
Afirmó que el Tribunal ha interpretado que “la mayoría de las normas que regulan la comunicación y propaganda de los partidos y candidaturas en prensa, radio y televisión, es aplicable a los mensajes que estos actores difunden en internet”.
El magistrado presidente aseguró que, ante la nueva realidad de la comunicación digital, se abre un abanico de desafíos para la autoridad electoral que no ha sido abarcado completamente.
“Hoy, a los retos que enfrentan las autoridades electorales para mantener la calidad y la integridad de las elecciones, no solo se circunscriben a las tradicionales malas prácticas, como la compra del voto, el condicionamiento del sufragio, las amenazas por violencia o la continuidad de programas sociales o la indebida intervención de funcionarios públicos en las elecciones, hoy esas problemáticas se fusionan con la realidad digital, que implica desafíos como la polarización afectiva o tribalismo político, la difusión masiva de información falsa y el uso de redes sociales para burlar las reglas en las contiendas electorales”, expuso.
Magistrado expresa preocupación por IA
Reyes Rodríguez también señaló la preocupación que existe sobre el uso de la inteligencia artificial, la cual “puede propiciar la discriminación racial y de género por el sesgo que existe en los algoritmos o facilitar las campañas de desinformación y los ataques cibernéticos”.
Por ello, consideró que “la impartición de una justicia electoral más sólida requiere que se retomen las normas y valores globalmente aceptados para hacer frente a los retos digitales y hacer efectiva la integridad electoral”.
Destacó que la magnitud de los riesgos que plantea la inteligencia artificial y la comunicación digital hace necesaria y urgente una discusión regulatoria que permita limitar su uso en beneficio de nuestras democracias.
Para ello, afirmó que el trabajo de las organizaciones multilaterales resulta indispensable para afrontar las transformaciones sociales y tecnológicas.
Ética, responsabilidad y alfabetización digital
El magistrado presidente prometió que “en el Tribunal Electoral, seguiremos impulsando iniciativas de colaboración en la materia y promoviendo el Código de Ética y buenas prácticas en el uso de redes sociales, así como el fomento al debate político y social veraz”.
Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdez, integrante de la Sala Superior del TEPJF, afirmó que es indispensable ampliar los esfuerzos por difundir información veraz, neutral y eliminar los efectos negativos de la desinformación, además de impulsar una actuación cada vez más transparente de las instituciones de justicia electoral.
Planteó que se debe incluir a los actores del sector privado en los procesos de diseño y adopción de medidas para regular el uso de plataformas digitales con fines político-electorales, establecer regulaciones sólidas que garanticen la seguridad de la información, implementar estrategias de alfabetización digital y promover la inclusión en este rubro.
La magistrada Janine M. Otálora Malassis, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral, subrayó la importancia de identificar las brechas existentes y buscar soluciones para garantizar que los avances tecnológicos no profundicen las desigualdades, sino que promuevan la inclusión y el bienestar de toda la ciudadanía.
Expuso que es esencial adoptar medidas para garantizar el uso responsable y ético de la tecnología en el ámbito político-electoral, lo que implica la implementación de regulaciones efectivas, la promoción de la alfabetización digital, la educación ciudadana y la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Venecia, Claire Bazy-Malaurie, subrayó que la integridad electoral debe ser garantizada no sólo en el país en donde se desarrollen las elecciones, sino contra todo tipo de ciberamenazas y factores externos malintencionados.
Alertó que las redes sociales son puertas abiertas para la manipulación de los procesos políticos y electorales.
MAT