La organización feminista Mexiro AC alertó que en las políticas anticorrupción del país, tanto la nacional como las de al menos cinco estados, hace falta incluir las voces de las víctimas de corrupción para poder diseñar mecanismos que garanticen el respeto a sus derechos humanos.
“Un área de oportunidad que podemos encontrar es que falta la inclusión de las vivencias de las víctimas de violaciones a derechos humanos en relación con hechos de corrupción; como no se toman en cuenta estas voces diversas, tampoco, por lo tanto, se recopilan acciones concretas para hacer frente a las violaciones de derechos humanos en relación con hechos de corrupción”, aseguró Alejandra Treviño, integrante de la organización Mexiro AC, al presentar los resultados del estudio denominado Metodología 5C. Recomendaciones para mejores Políticas Estatales Anticorrupción.
En dicho documento, la agrupación realizó un análisis y comparación de las políticas anticorrupción, tanto nacional como de cinco estados (Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Estado de México y Quintana Roo), las cuales marcan el rumbo que se debe seguir para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en México.
Lo que el estudio busca es revisar si esos documentos centran las acciones en materia anticorrupción en el beneficio de las personas.
El análisis revisó las políticas con base en cinco enfoques: Derechos humanos, perspectiva de género, apertura institucional, contexto local e innovación.
En materia de derechos humanos, el hallazgo más importante que tuvieron las investigadoras de Mexiro es que en las políticas anticorrupción no se prioriza dar voz a las víctimas de la corrupción.
Por ello, como recomendación general, se determinó que “se debe establecer el enfoque de derechos humanos como un principio transversal de la política pública en el que se enfatice que la corrupción puede tener como consecuencia violaciones a los derechos humanos y que ésta afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad”.
En materia de perspectiva de género, Treviño explicó que el análisis arrojó que no se toman realmente en cuenta los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres en la construcción del diseño de las políticas anticorrupción y que las vivencias de personas trans y no binarias no son tomadas en cuenta, “porque ni siquiera son mencionadas, son invisibilizadas y relegadas de las políticas anticorrupción”.
En las políticas anticorrupción analizadas no se encontraron mecanismos de participación dirigidos a estos grupos poblacionales para comprender de qué forma ellas viven la corrupción, de qué forma les impacta en sus vidas, cuáles son sus experiencias y cómo contrarrestar esta situación.
Otro hallazgo relevante en materia de contexto local es que “hace falta un esfuerzo mayor por tomar en cuenta las realidades, tanto de todos los niveles de gobierno en las entidades, y voces, en el nivel municipal, y arrastrar lo que sucede en las políticas anticorrupción a programas municipales y ver de qué manera se hace efectiva su implementación”.
En la mayoría de los enfoques analizados, la política anticorrupción mejor construida fue la del Estado de México, aunque la organización advirtió que las calificaciones altas sólo reflejan que en el resto de entidades, el nivel es muy bajo.
JLMR