La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene asegurados los bienes que la familia Jenkins intentó despojar a la Fundación Mary Street Jenkins, cuyo patrimonio supera los 14 mil millones de pesos.
Pero, ¿de qué bienes se trata? La carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFFPUE/0002073/2016 detalla los edificios, terrenos y bienes que forman parte de la Fundación y que la familia Jenkins intentó apropiarse ilegalmente.
Destaca un helicóptero Agusta A109E Power Spifr con un valor de casi 47 millones de pesos; así como pinturas, esculturas y otras obras que, en conjunto, alcanzan los 20 millones de pesos.
Entre éstas, destaca la escultura El Caballo del colombiano Fernando Botero, adquirida por la familia Jenkins en 2012.
También destaca el campus Cholula de la Universidad de las Américas, un club deportivo, el rancho Las Ánimas, y el colegio Americano.
De igual forma, predios ubicados en Puebla entre los que se están establecidas un par de tiendas Sears, el hotel Real, y el centro comercial Paseo de Tenayo.
Entre los bienes también están un portafolio de inversiones con la asesora financiera William Wright Associates por un monto de 228 millones 251 mil 946 dólares.
Los imputados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita son Roberto Jenkins de Landa y sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, así como la madre de éstos Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y otros cómplices.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República, William Óscar Jenkins constituyó en Puebla una fundación privada de beneficencia, principalmente para los habitantes de la capital del estado.
A su muerte, el señor dispuso como única y universal heredera a dicha fundación, llamada como su fallecida esposa Mary Street Jenkins, “estableciendo claramente que no dejaba a sus hijos herencia alguna”.
Sin embargo, los imputados realizaron una donación simulada de la Fundación Mary Street Jenkins en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por la familia Jenkins de Landa.
Enseguida realizaron diversas operaciones en Puebla, Aguascalientes, así como en los paraísos fiscales Barbados y Panamá, a fin de “lavar” los recursos obtenidos.
ledz