La codicia, en ocasiones, suele ser más poderosa que el cariño que se les tiene a los padres, abuelos y parientes cercanos que se encuentran en una etapa avanzada de su vida.
Es en esos momentos cuando se pueden suscitar violencias que tienen que ver con despojo patrimonial y una apropiación indebida de recursos económicos o bienes de alguien mayor, lo cual se da por medio de manipulación, engaños, amenazas o incluso el uso de la fuerza.
Es común que lo anterior se dé también a través de algo que se conoce como “abuso de confianza” que ejercen hijos, nietos, hermanos, sobrinos y otros parientes contra personas entradas en años que confían en ellos para el manejo de dinero o de propiedades.
Como el que sufrió la señora Rosa A., quien a sus 80 años pensaba disfrutar de algo de tranquilidad en la etapa más vulnerable de su vida, y que, en vez de ello, hoy lucha por recuperar su patrimonio –la venta de una casa en Hidalgo, herencia de su madre– que con argucias y engaños quedó en manos de su hermano Jaime A., que sólo le entregó una pequeña parte de la venta del inmueble.
Esta historia, a la que MILENIO tuvo acceso, empezó cuando doña Rosa heredó la propiedad en la cual cuidó a su madre y también a otra hermana durante años, hasta que estas murieron.
La señora juzgó apropiado vender la casa e irse a vivir con su hija. Fue entonces que su hermano, un empresario económicamente acomodado, se congratuló de la noticia y, solícito, dijo que la acompañaría en la compraventa con ayuda de sus abogados porque, arguyó, “así se podía formalizar la transacción”.
Sin embargo, una vez que el comprador del inmueble dio el primer pago, doña Rosa recibió de su hermano sólo una fracción, pues éste la convenció de que el resto del pago se lo llevaría a bordo de su camioneta blindada “para guardarlo en una caja fuerte, para más seguridad”.
Cuando doña Rosa y su hija le pidieron un documento que dejara asentado ese primer pago y el restante pendiente, el empresario protestó:
"No gorda (sic), ¿cómo crees, cómo les voy a firmar un pagaré? ¡Si somos familia!".
Hasta hoy este empresario no ha devuelto la totalidad de la venta de la propiedad, y se encuentra demandado por su atribulada hermana Rosa, quien con lágrimas reconoce que le falló alguien que hasta hace unos pocos meses era de su mayor confianza.
Familiares, los victimarios
Los abusos contra adultos mayores acusan una frecuencia más preocupante de lo que se esperaría en una sociedad solidaria. A través de un programa llamado Dignidad Segura que se activa en la Línea Plateada (55-5533-5533) del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se pueden dimensionar diferentes abusos y despojos cometidos contra personas mayores.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo, explica a MILENIO que en los últimos tres años se ha mantenido estable el número de llamadas de personas que buscan apoyo psicoemocional, pero también denuncian a través de esa línea.
En 2021 hubo 6 mil 120 casos en el país, en 2022 fueron 5 mil 690 y un año después fue prácticamente lo mismo: 5 mil 689 casos. Aunque el Consejo está anclado en la Ciudad de México, recibe denuncias de todos los estados.
Sin embargo, cuando se analizan los casos en los cuales fue necesaria una guía jurídica para adultos que han sido o estuvieron a punto de ser víctimas de algún tipo de delito patrimonial o de despojo, engaño, fraude inmobiliario o presiones de la delincuencia, se observa que el 30 por ciento de los intentos de abuso fueron perpetrados por familiares, el 14 por ciento por hijos, el 5 por ciento por conocidos y el 4 por ciento por arrendatarios.
Guerrero Chiprés explica que según los reportes, los abusos se suelen dar en más proporción contra adultos que se encuentran solos.
“Hombres y mujeres que viven sin mucha supervisión, a quienes los depredadores los ven como una oportunidad delincuencial, pero cuando se trata de familias, entre miembros al interior de estas, suele ser el cónyuge, hijos o hijas, sobrinos o hermanos, nietos o nietas”.
En la estadística del Consejo Ciudadano figura el conocimiento que se tiene de los intentos o acciones de despojo inmobiliario en todo el país.
Predomina el intento de arrebatarles a las personas mayores sus casas (36 por ciento), terrenos (16 por ciento), departamentos (11 por ciento) o locales y negocios (5 por ciento), aunque en un tercio de los casos no se terminó de especificar en qué inmueble se daba el intento de despojo.
Papelito habla
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), tiene bien identificado este tipo de violencias, igual que los abogados que han defendido casos contra el abuso de confianza y el despojo patrimonial.
Ellos están conscientes de que este es un fenómeno que está presente en la sociedad mexicana, y que muy posiblemente se recrudezca ahora que las personas de más de 65 años reciben pensiones en efectivo a través de los programas sociales.
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Frente a esta realidad, la primera forma de evitarlo es la prevención. El abogado José Mario Ramírez –quien ha llevado casos en los cuales hermanos e hijos pretenden quedarse de forma ventajosa con propiedades o bienes de sus familiares– recomienda que, al darse un préstamo económico o de algún bien, se tenga la previsión de documentarlo en un escrito muy básico que contenga:
- Fecha
- Nombres completos
- Descripción del objeto que se está prestando
- Compromiso, fin o fecha de devolución
- Firmas (tal y como están en la credencial de elector)
- Un testigo que no sea familiar
El abogado Ramírez agrega que una de las vías legales para denunciar el despojo es el abuso de confianza, que puede ir vinculado.
El abuso de confianza es un delito que se perpetra contra el patrimonio, aquella conducta en donde alguien, en forma ilegítima, toma posesión de una cosa que no le pertenece y la retiene a pesar de haber sido requerido formalmente para su devolución por parte de quien sí tiene ese derecho.
El que entrega –como le sucedió a la señora Rosa A.– generalmente actúa de buena fe, mientras que el que recibe y retiene procede de mala fe, con alevosía y ventaja.
Ramírez informa que, dependiendo del caso concreto, esta conducta se encuentra prevista tanto en el Código Penal Federal, Artículo 382 en adelante, como en el Código de los estados. En el caso de la Ciudad de México, está en el Artículo 227 en adelante y en el Estado de México, del Artículo 302 en adelante.
Para Guerrero Chiprés “la recomendación fundamental es que todo mundo tenga redes de apoyo, pero que ese apoyo y la confianza se respalden también con documentos cuando sea entre particulares, que formalicen las obligaciones de cada una de las partes, así se traten de comodatos, de arrendamientos, usufructos vitalicios, de traslados de posesión o de propiedad, cualquiera que sea la formalidad que hay en relación con los inmuebles”.
Insiste en que es imprescindible que exista la formalidad de decir “Fulano y Sutano acuerdan hacer esto, durante este periodo, en estas condiciones. Aun cuando no esté notariado, es un documento que puede apoyar en una situación de investigación, de ayuda, de asesoría jurídica y también, muy importante, porque está vinculado a algo psicoemocional”.
Además, recalca que es vital la actualización del testamento; su generación oportuna, incluso desde una temprana edad, es muy útil.
“Hay que hacerlo sin prejuicios, y asumir que es parte de nuestra vida… ¡Hay que tenerlo!”.
Leyes que protegen
Cuando el delito ya se cometió, a nivel federal existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (data de 2002), y cada estado, además, cuenta con la propia.
En la Ciudad de México, según Graciela Casas Torres, experta investigadora en la materia y quien fue clave con su asesoría para la conformación de esta ley de derechos en la capital del país, para evitar conflictos “los notarios aconsejan no heredar en vida, además de que se puede buscar asesoría jurídica gratuita en el Inapam y en el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia)".
Recomienda, también, acudir a espacios donde se brinde información, como la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en los Encuentros de Personas Mayores, incluso hay diplomados de Envejecimiento Exitoso y en el Inapam se ofrecen talleres.
Además, dice, se cuenta con una normativa avanzada en este tema, pues desde 2010 existe la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar.
Esto es necesario porque de acuerdo con el Informe Maltrato a las Personas Mayores, de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, solo se notifica el cuatro por ciento de los casos de abuso y maltrato que se dan en la región.
¿Por qué? Según este informe, las personas mayores temen represalias de su familiar –peor si sólo cuentan con ese familiar–, no quieren causarle problemas a su maltratador, han perdido las capacidades mentales necesarias, o simplemente sienten vergüenza de denunciar.
“En el caso del despojo patrimonial, se sienten muy mal porque al que tienen que acusar es a su hijo o hijos, hermanos u otros familiares”, puntualiza la maestra Graciela Casas.
Las causas de los abusos y el despojo
“En el caso de despojo, el motor no es la falta de recursos, sino la ausencia de valores, y lo más seguro es que este tipo de conducta se repita en su familia”, dice Casas Torres, quien agrega que “incluso se ha documentado que cuando las personas enferman, son visitados por familiares que quieren que les firmen papeles” comprometedores.
De acuerdo con los especialistas consultados, en los casos de maltrato y en específico de despojo de bienes contra las personas mayores, en México intervienen seis factores principales:
- Edadismo: prejuicios vinculados hacia la vejez. La dinámica social y económica actual valora a la gente conforme a la edad y prioriza la juventud, el dinero y la productividad.
- Los valores de las familias o de las personas. El 54 por ciento de las personas adultas tiene vivienda propia y la falta de valores en familia ocasiona disputas para adjudicarse el bien.
- La cultura “protectora”. Es común que los padres apoyen a los hijos compartiendo lo que tienen, incluso la vivienda. Esa realidad económica puede jugar en contra de ellos.
- El incremento de la esperanza de vida. Hoy se vive más años, lo que implica grandes retos a la salud y la condición de ser dependiente aumenta.
- La falta de conocimientos sobre sus derechos y cómo hacerlos valer. La mayoría de este sector, según el Inegi, posee estudios que apenas rebasan el equivalente al tercer año de primaria.
- Falta de previsión y exceso de confianza. La mayoría de las personas adultas confía en su familia, pues ellos cuidaron a sus padres, dieron cobijo a sus hijos y hermanos, y jamás esperan ser traicionados. Por ello, de acuerdo con el Colegio de Notarios, sólo una de cada 20 personas emite un testamento en México.
Algunas propuestas para terminar con las diferentes violencias que sufren los adultos mayores, si se atienden recomendaciones del Inapam serían: la promoción de una cultura del envejecimiento activo y saludable que erradiquen los prejuicios y estereotipos sobre la vejez; el fomento a la inclusión social de los mayores dentro de sus comunidades, con fuertes redes sociales de apoyo, que alienten su opinión y participación en la toma de decisiones.
Además, hacer eficientes los servicios que brindan atención jurídica a casos de violencia en personas mayores, a través de la capacitación y sensibilización del personal de estas áreas y, al mismo tiempo, brindar cursos de capacitación a personas cuidadoras que coadyuven a la mejora en las estrategias de cuidado familiar y favorezcan la reducción del estrés y agotamiento.
Mientras más acompañada esté y más consciente sea de sus derechos, de sus propiedades y de la red de protección de la que puede disponer, la persona mayor podrá defenderse de los abusadores que pretendan escamotear sus bienes ganados luego de una larga vida.
Sin importar que estos oportunistas sean algunas de sus personas más cercanas.
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EHR