Familiares de desaparecidos en San Luis Potosí y Tamaulipas pidieron al gobierno actual y al entrante, de Andrés Manuel López Obrador, crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente con suficientes recursos para dar servicio a todos los estados.
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También pidieron elevar a la actual Comisión Nacional de Búsqueda a nivel de secretaría de Estado, para que tenga una estructura de personal suficiente para atender a las más de 35 mil familias que buscan a sus desaparecidos en el país.
De lo contrario, advirtieron que podría quedarse como una institución de 50 empleados y “seguiremos padeciendo lo mismo como hace más de seis años que iniciamos la búsqueda de nuestros amados desaparecidos”.
En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, Graciela Pérez, integrante del colectivo Milynali Red CFC, dijo que como aún no existe una base de datos general de los registros de ADN de los familiares y hay una estatal, otra federal y otra en la Procuraduría General de la Republica (PGR), “si tuviéramos un instituto nacional forense no tendríamos que estar pepenando o dando nuestro ADN en cada institución y ya sería ella la encargada de darnos respuesta de todo lo que se está acumulando en las procuradurías” de todos los estados.
Acompañada de otros integrantes del colectivo, originarios de Tamaulipas, hicieron un pronunciamiento en el que también pidieron que la PGR atraiga sus casos, ya que en la entidad no se ha puesto en marcha la Ley de Desaparición y no se ha designado al comisionado estatal de búsqueda ni se ha integrado la Comisión de Atención de Víctimas ni su consejo consultivo.
El colectivo, que ha denunciado la desaparición de 6 mil 131 personas, aseguró que ha solicitado formalmente a la PGR atraer los casos, pero con evasivas les han dicho que no, mientras que en la Fiscalía de No Localizados de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas analiza 7 mil expedientes para determinar, cuáles son de su competencia y cuáles no, “tratando de simplificar el grave problema humanitario”.
Acusaron que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca usó el tema de desparecidos como bandera electoral en 2016, pero ahora no los atiende, pues, por ejemplo, la subsecretaria de Legalidad del gobierno del estado, Gloria Elena Garza Jiménez, no asiste a citas con el colectivo para socializar una ley sobre desaparición.
Las demandas también incluyen que el gobierno federal actual y entrante informen los resultados de los análisis de los restos óseos que los familiares han encontrado en diversos puntos de la entidad, sobre todo del sur, así como el número de individuos que pueden existir en esas recuperaciones.
La misma demanda se ha hecho al gobierno estatal sin éxito, por lo “que si no pueden identificarlos, exigimos que pidan apoyo a organismos internacionales como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas de La Haya que tiene equipo de segunda generación para tratar restos altamente degradados”.
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Graciela Pérez dijo que no hay número de cuántas personas identificadas hay en panteones forenses, pero que en su grupo hay 320 familias, no todas en Tamaulipas, sino de otros estados, cuyos seres queridos desaparecieron en la entidad y no llegaron a su destino.