La industria farmacéutica acusó un “madruguete” de la Secretaría de Salud (Ssa) por cerrar el pasado lunes la Junta de Aclaraciones de la licitación de la compra consolidada de medicamentos e insumos, cambiar del 20 al 24 de junio la presentación y apertura de proposiciones y, con ello, postergar hasta el 28 de junio el fallo sobre la lista de empresas con las que firmarán los contratos de adjudicación de las 3 mil 219 claves de material terapéutico, por un monto de 17 mil millones de pesos.
Integrantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), de laboratorios nacionales y establecidos en México, de Suiza, Francia y Alemania, se reunieron ayer con autoridades de la dependencia federal para manifestar su inconformidad y lo grave que resulta este modelo de licitación.
Y es que con base a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos Bajo las Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, se contará con un plazo de cinco días para comenzar con el abasto en los siete almacenes autorizados.
Incluso en el oficio se establece que la documentación técnica de contratación consolidada de bienes terapéuticos, las partidas y lo relacionado a las Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD) deberán entregarse a las 8 de la mañana del 24 de junio.
Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que, de acuerdo con la bases de la licitación, si la presentación y apertura arranca el 24 de junio, conforme a los plazos mínimos establecidos, el fallo se dará el 28 de junio, y la primera entrega se reduciría a tan solo a cinco días (entre el 3 y 5 de julio).
“Entendiendo que la primera entrega requiere ser del 20 por ciento del volumen y que la clave correspondiente debe ser surtida por el mismo laboratorio, en caso de ganar, existe gran preocupación de algunos laboratorios para poder lograr cumplir con las entregas correspondientes en esos plazos tan cortos”, detalló.
El sector privado, aclaró Devlyn, “apoya los procesos de compras consolidadas como mecanismos probados para generar ahorros y transparencia, pero el sector privado solicita (al gobierno federal) ser responsable y realista con respecto a las fechas y plazos considerados para las entregas y los subsecuentes pagos”.
El pasado lunes, Mónica Aimée Osante Ramos, subdirectora de Adquisiciones de Insumos Médicos y designada por la Secretaría de Salud como convocante, firmó el acta de cierre de la Junta de Aclaratoria a las 14:00 horas, porque, aseguró, se dio “respuesta a los replanteamientos de técnicos recibidos”, en total 6 mil 281 cuestionamientos.
Para los empresarios resultó un “madruguete”, ya que a través de la plataforma de CompraNet se les informó que contaban desde las 9 de la noche del viernes 14 hasta las ocho de la mañana del sábado 15 de junio para enviar nuevas consideraciones.
Osante Ramos refirió en el acta que, en ese periodo de 11 horas, se recibieron otras mil 323 nuevas inquietudes y dudas, de las cuales 311 fueron aclaraciones de la convocatoria y de éstas 24 llegaron fuera del tiempo estipulado.
Hacienda y Salud, de acuerdo con la industria, incumplieron con sus propias fechas establecidas para lanzar la convocatoria de licitación internacional. En un primer momento se iba a publicar el 20 de marzo, luego se postergó para el 23 de mayo y finalmente salió el 5 de junio.
Además, en tres ocasiones suspendieron la Junta de Aclaraciones, dos que se iban a celebrar el 11 de junio y una más el 12, ante “la cantidad de solicitudes de aclaración” que recibieron de parte de los participantes interesados en la licitación.
Fue el pasado 13 de junio cuando se llevó a cabo la junta, que duró minutos y resultó meramente informativa, ya que en el aula de sesiones se informó a los presentes que las contestaciones llegarían a los correos electrónicos.
La Canifarma, la AMIIF, Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie, Merck Sharp & Dohme, entre otros, advirtieron durante el proceso la gravedad de efectuar una compra consolidada de tal magnitud, sin apegarse a derecho, a los tratados internacionales, abriendo la puerta a mercados de Asia, a China o a India, que venden más barato, propiciando desde una competencia desleal y discriminatoria, hasta incertidumbre sobre la evidencia y seguridad que se requiere para su uso entre la población.
También se refirieron sobre el rezago de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para efectuar trámites, otorgar permisos y nuevos registros sanitarios a sus productos terapéuticos.
No descartaron interponer “controversias legales” e impugnar el proceso de licitación. Hacienda y Salud aclararon que la convocatoria es legal y que si se detecta algún delito habrá hasta dos años de prisión, inhabilitación y sanciones económicas.