El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer, por motivos de “gran interés público” cuántas denuncias ha recibido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus antecesores y por qué supuestos delitos han sido denunciados, así como cuántas carpetas de investigación se han abierto al respecto.
El caso fue expuesto, en sesión pública de este miércoles, por el comisionado Óscar Guerra Ford, quien aseguró que aunque la materia de la solicitud, es decir, dar a conocer información sobre denuncias, es considerada de acceso restringido, en este caso dijo, se trata de un tema de gran interés público.
“Si bien lo requerido es considerado como de acceso restringido, ya que se encuentra en alguna excepción --de las excepciones a la publicidad de información-- establecida en la ley en la materia, al tratarse de información relacionada con motivos de mucho interés público, yo diría de gran interés público, procede decretar su publicidad”, dijo Guerra Ford.“Su difusión contribuirá tanto a garantizar el ejercicio del acceso a la información, como a favorecer la rendición de cuentas a las y a los ciudadanos de manera que puedan valorar, tanto el desempeño de los expresidentes y presidentes, como también el actuar de la Fiscalía General de la República, fortaleciendo, de tal forma, el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas, así como en su momento esclarecer hechos, pasados y presentes, de una efectiva rendición de cuentas sobre la garantía que el sujeto obligado da a la procuración de justicia y al respeto a la reparación del daño de las víctimas”, añadió el comisionado.
La solicitud formulada a la FGR pide conocer el número de expresidentes, y presidente, que han sido denunciados ante la fiscalía, cuáles son sus nombres, cuáles son los delitos por los cuales fueron denunciados, cuántas carpetas de investigación se han iniciado en consecuencia, cuáles son los nombres de los expresidentes o presidente que aparecen en las carpetas de investigación y cuál es el estatus de las denuncias.
La FGR respondió que estaba en imposibilidad para pronunciarse sobre la información requerida bajo el argumento de que “afirmar o negar alguna indagatoria, denuncia, procedimiento, sanción o investigación en contra de una persona física identificada o identificable, estaría atentando contra su identidad, honor, buen nombre, presunción de inocencia”.
Al respecto, Guerra afirmó que tras un análisis, “que el daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de estas denuncias en contra de las personas de interés, aun cuando ello reviste un carácter confidencial, en primer término, por ser un dato personal, inherente, y de personas identificables, creemos que genera un mayor beneficio a la sociedad en general al publicarlos, que es mayor que tenerlos resguardados”.
Entre otros argumentos para sostener su postura para abrir la información, el comisionado recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es constitucional la materia de consulta popular promovida por el Senado y aprobó formular una pregunta relacionada con el esclarecimiento de hechos del pasado.
En ese sentido, dijo, “divulgar información de denuncias presentadas en contra de personas que se desempeñaron como jefes de Estado, el cargo más alto del rango dentro del país, aporta elementos para lograr una sociedad democrática en la que se esclarezcan determinadas actuaciones y hechos del pasado, además de garantizar el derecho a la verdad, acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder”.
Todos los comisionados del pleno del INAI apoyaron el proyecto de resolución propuesto por Guerra Ford, con el que se ordenó modificar la respuesta inicial de la FGR y que entregue la información solicitada por el ciudadano peticionario.
Al respecto, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, dijo este tipo de casos “permiten evidenciar la importancia de contar con un organismo autónomo que, con base en consideraciones técnicas, analice las particularidades de cada asunto a efecto de que siempre prevalezca el criterio que más beneficia a la sociedad”.
El comisionado Francisco Javier Acuña aseguró que esta resolución “tiene un efecto y un impacto importante para que se vea cómo en democracia no hay personajes intocables, a los que no se les pueda referir más que de manera modosa, complaciente y respetuosísima, en el extremo de ni siquiera querer o plantear que se pongan en la mesa nacional los asuntos que les conciernen”
JLMR