La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a 16 ex funcionarios del sistema penitenciario federal por presuntamente haber incurrido en irregularidades en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Por este caso, hace más de un año fue librada una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, se presume que estas personas pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en las prisiones Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
La audiencia inició ayer alrededor del mediodía en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur a través del sistema de videoconferencia, debido a una serie de contagios de covid-19 en dicho centro penitenciario.
La FGR imputó a las 16 personas por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades; mientras que a tres de ellos se les señaló por asociación delictuosa.
La audiencia continuará este martes y los abogados podrán responder a los señalamientos del Ministerio Público Federal.
Jannet Miriam Martínez Sánchez, quien iba a ser imputada, notificó que tiene covid-19; otro fue declarado en estado de interdicción; mientras que en el caso de Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz se desconoce su paradero.
Javier Haro de Alva, ex director del Órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), quien goza de un criterio de oportunidad y que aportó pruebas en su momento que sirvieron a la FGR para integrar la carpeta de investigación, tampoco participó en la audiencia.
El ex funcionario fue declarado en estado de interdicción, porque padece una discapacidad que le impide tomar sus propias decisiones.
Entre los ex servidores públicos que imputados destacan el general Salvador Camacho Aguirre, uno de los ex mandos de la Policía Federal que participaron en los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán.
Asimismo, el ex coordinador de prisiones y ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
La ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, así como el ex director General de Administración del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga.
El resto son: Miguel Vital Hernández, quien fue director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, que sirvió como director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social.
De igual manera, al ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Montaño Fernández; Arturo Sosa Viderique, director general de administración del OADPRS, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales.
AMP