Por considerar que se trata de un tema de interés público porque implica la violación de derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar acceso, en versión pública, a la averiguación previa abierta en 2012 por el asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez.
El comisionado Francisco Javier Acuña presentó el caso ante el pleno del INAI y argumentó que se trata de “un asunto público relevante para que México y el mundo conozca el estado que guarda el asesinato de una periodista en un país en donde hay cientos de periodistas asesinados y que hasta el día de hoy por desgracia, como todos los demás casos, me atrevo a decirlo, permanecen inaclarados”.
Acuña reclamó que ante la solicitud de información de un ciudadano que requirió tener acceso a dicha carpeta de investigación, la FGR haya recurrido “como siempre” a reservar los datos que se le pidieron.
“Como ha sido siempre, por la PGR, e idéntica en su actitud, la Fiscalía General de la República, idéntica, a tiro por viaje, cualquier tipo de asunto que tenga que ver con algo de lo que llevan en el despacho lo reserva todo, a tope, y naturalmente en este caso antepuso la cuestión de la reserva”, reprochó el comisionado.
No obstante, aunque admitió que la ley considera que puede reservarse toda la información relacionada con averiguaciones previas e investigaciones ministeriales para no interferir en los trabajos del ministerio público, Acuña consideró que, en un caso como éste, es más importante conocer qué ha hecho la Fiscalía para esclarecer el homicidio de la periodista.
“Derivado de una prueba de interés público, se determina que atendiendo a las características y a la naturaleza del caso concreto se cumple con los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; ello es así en tanto que existe una trascendencia social de permitir el acceso a la información solicitada con la finalidad de conocer las acciones implementadas por la autoridad ministerial, a efecto de investigar los hechos ocurridos en torno al asesinato de una persona identificada como periodista en una de las entidades federativas, en este caso, por desgracia Veracruz, señalada como una de las que lleva el mayor índice de violencia en contra del sector que se dedica o el gremio que se dedica a hacer posible la noticia y que la opinión pública llegue a la sociedad”, expuso Acuña.
Añadió que “la protección de las constancias relacionadas con dicha investigación debe quedar supeditada al interés mayor de conocer los pormenores de la información de interés de la parte que se inconforma con el proceder de la fiscalía”.
El comisionado dijo que divulgar la información relativa a las acciones desarrolladas por la autoridad en torno a la averiguación previa de la que estamos hablando, “se vuelve un asunto que debiera modificar la actitud con la que normalmente, y apriorísticamente en estos casos, se antepone la reserva”.
Acuña además consideró como una “vergüenza” que, a ocho años del asesinato de Regina Martínez, todavía no se resuelva su caso.
Regina Martínez fue corresponsal en Veracruz de un semanario nacional. En abril de 2012, durante la administración de Javier Duarte, fue hallada muerta en su domicilio con "señales de haber sido apaleada salvajemente y estrangulada", recuerda la Unesco en un artículo en su portal de internet.
JLMR