El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la solicitud de un ciudadano que pidió conocer el nombre de las instituciones de seguridad de Estados Unidos que entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de diciembre de 2018 mantuvieron en México personal para colaborar con las autoridades locales.
La fiscalía respondió de manera negativa al afirmar que es incompetente para conocer la información.
Argumentó que "las instituciones de seguridad de Estados Unidos de América dependen directamente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lo que la información de interés pudiera encontrarse en los archivos de las instituciones del propio gobierno de los Estados Unidos de América".
Al analizar el caso, el pleno del INAI le ordenó asumir la competencia en el caso y emitir respuesta que en derecho corresponda.
El comisionado Joel Salas argumentó que de acuerdo con sus funciones, la FGR está en condiciones de conocer información relativa a acuerdos, tratados, actividades, acciones conjuntas, asistencias jurídicas y técnicas, entre otros, en relación con autoridades nacionales e internacionales.
Aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, de la cual citó múltiples evidencias de acuerdos y convenios, "requiere la presencia de personal de ambos países en territorio ajeno para efecto de adiestramiento, capacitación, investigación, inteligencia, entre otros aspectos".
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Por lo que estimó que es conveniente preguntar "¿qué está haciendo el gobierno federal para garantizar, en su caso, que personal de nuestro vecino país del norte colabore bajo los términos de la ley y en respeto estricto a nuestra soberanía?".
Dijo que "para contestar esta pregunta se requiere información pública, de preferencia información documentada más allá de las declaraciones del titular del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)".
El comisionado recordó que hay casos emblemáticos de funcionarios públicos norteamericanos en territorio nacional que aportaron en materia de seguridad.
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"El más conocido probablemente sea el de Enrique Camarena, quien ayudaría en el desmantelamiento del cártel de Guadalajara entre 1984 y 1985, en especial en el aseguramiento del rancho Búfalo, una plantación de mil hectáreas de mariguana cuya producción anual está evaluada en más de ocho mil millones de dólares", agregó.
Para sostener su propuesta de ordenar modificar la respuesta de la FGR, Salas Suárez afirmó que "los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia de seguridad deben darse con la máxima transparencia posible para dar certeza a la población nacional e internacional que benefician a todas las partes".
Por ello, afirmó que "las autoridades competentes, como la FGR, deben rendir cuentas sobre las decisiones que toman, mientras los ciudadanos debemos vigilar que los intereses de México sean protegidos y que se facilite la colaboración de la sociedad civil interesada en aportar a la solución".
icc