Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber intervenido en la liberación del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, la Fiscalía General de la República (FGR) apareció para señalar que cuenta con elementos para solicitar una pena y sentencia en los dos procesos que enfrenta el ex mandatario estatal.
En la conferencia mañanera, López Obrador indicó que desde que es Presidente, no ha intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni tampoco para que se otorgue a alguien la libertad, y mucho menos ha establecido relaciones de complicidad con alguien.
Por su parte, la FGR hizo una reseña del estado que guardan los procesos de Padrés Elías.
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Recordó que existen dos procesos penales, uno iniciado en 2014, por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el otro iniciado en 2016, por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el primer caso, en 2017 y 2018, un juez federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En dicho proceso, en 2018, el juez le otorgó al procesado libertad con medidas cautelares.
“En este momento procesal, la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo ‘P’, por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y así lo hará en su momento”, detalló la dependencia.
En el otro caso, por defraudación fiscal, en 2018, durante la administración anterior, un Tribunal Federal determinó conceder al procesado la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares.
“En este momento, el asunto se encuentra ante un juez de amparo, y esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona, en razón de las pruebas con las que se cuenta para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado”, apuntó.
Defraudación
En junio de este año, un Tribunal Federal dejó el camino abierto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúe recabando información que le permita conocer cuántos bienes posee el ex gobernador del estado de Sonora a quien busca aplicar un embargo precautorio.
La autoridad hacendaria pretende garantizar el pago de 85 millones 280 mil 490 pesos, en caso de que el ex mandatario estatal pierda su juicio por defraudación fiscal.
El ex gobernador promovió una demanda porque el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó reponer el procedimiento en este asunto donde la Secretaría de Hacienda manifestó que busca, con apoyo de otras dependencias, conocer cada uno de los bienes que el ex servidor público tiene en el país.
En un principio, la secretaría promovió un incidente no especificado de embargo precautorio de bienes ante Guillermo Urbina Tanús, juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales. Sin embargo, el juzgador lo declaró infundado.
La Secretaría de Hacienda apeló, pero el juzgador desechó el recurso.
Ante esta situación, la SCHP interpuso un recurso de denegada apelación, el cual fue aceptado a trámite por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, mismo que ordenó reponer el procedimiento.
LG