Al 31 de diciembre de 2019, el gobierno federal contaba con 338 fideicomisos sin estructura orgánica que acumulaban un monto de 740 mil 572 millones de pesos, de los cuales sólo 25 de ellos concentraban 88.1 por ciento de esos recursos, es decir, 652 mil 627.7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.
El documento detalla que de los 338 actos jurídicos registrados al cuarto trimestre de 2019, se encuentran en operación 308 y 30 en proceso de extinción o terminación.
El decreto publicado el jueves en la noche en el Diario Oficial de la Federación, que ordena la extinción de todos los fideicomisos públicos, tiene algunas excepciones, por lo que hasta ahora no hay claridad de cuáles serán los que desaparezcan.
"Quedan excluidos del presente decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones", dice el texto.
El decreto faculta a la SHCP a realizar las interpretaciones correspondientes, por lo que al respecto, Haydeé Pérez, directora ejecutiva del Centro de Análisis e Investigación Fundar, consideró que es ambiguo y no deja claro cuáles serán los fideicomisos que se extinguirán y pidió transparencia para conocer cuántos van a ser, cuáles y qué montos de recursos públicos se podrán recuperar con esas operaciones de extinción.
Además, dijo que debe hacerse con base en un análisis cauteloso para evitar que se afecten los derechos de las personas beneficiarias de los recursos públicos que manejaban estos instrumentos.
En 2018, la organización publicó un estudio titulado Fideicomisos públicos. El arte de desaparecer dinero público.
Pérez Garrido opinó que echar mano de los fideicomisos para paliar la crisis económica que acarreará la pandemia del coronavirus covid-19 es una apuesta interesante, pero que requiere de transparencia y rendición de cuentas.
“Necesitamos identificar si hay algún otro que no entre en estos criterios y que sea importante revisar para garantizar que no se afecten derechos", dijo la directora de Fundar.
Agregó que sería muy importante que entre la SHCP y la Secretaría dela Función Pública (SFP) entreguen información exacta de cuáles van a ser los fideicomisos que se van a extinguir, los montos de cada uno y la cifra global y garantizar que no se afecten derechos de los beneficiarios de estos instrumentos, particularmente de grupos históricamente discriminados y excluidos, como grupos indígenas, víctimas de violaciones graves a derechos humanos o víctimas relacionadas con desastres naturales.
La repartición
El reporte de SHCP del último trimestre de 2019 destaca que 52 por ciento de los recursos corresponden a los grupos temáticos de apoyos financieros y de estabilización presupuestaria, mientras que 16.4 por ciento están registradas en infraestructura pública y 13.5 por ciento se agrupa en pensiones y prestaciones laborales.
- Te recomendamos Función Pública supervisará extinción de fideicomisos que ordenó AMLO Política
También destaca que, según la participación de los sectores en el uso de estos instrumentos, el Conacyt tiene 29.3 por ciento; la SHCP, 24.6 por ciento; la Secretaría de Educación Pública (SEP) 7.7 por ciento; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 6.2 por ciento; la Secretaría de Cultura 4.1 por ciento, y la Secretaría de Turismo (Sectur) 3.3 por ciento.
Detalló que la SHCP, considerando su sector central y el coordinado, sobresale con 83 actos jurídicos, mismos que representan 24.6 por ciento del registro total de actos jurídicos de la Administración Pública Federal y 65.9 por ciento de las disponibilidades reportadas.
Entre los que se encuentran los fondos de estabilización como el FEIP, el FEIEF, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FOREF) y el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (FAISEG).
Así como los actos jurídicos para infraestructura pública, como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y el FIES; los fideicomisos relacionados con la Ley Aduanera, y los fideicomisos para el pago de obligaciones laborales de pensiones, primas de antigüedad y jubilaciones de Banrural, Banobras, Nafin, Bancomext y el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.
icc