Luego de que el Senado aprobara en lo general y lo particular la extinción de 109 fideicomisos públicos, el gobierno dio a conocer las irregularidades que encontró en diversos fondos, algunas de las cuales ligó a organizaciones como Juntos Podemos y eventos como los Juegos Centroamericanos Veracruz.
José Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, y Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentaron varios casos relevantes, los cuales forman parte de una serie de investigaciones sobre las anomalías y el mal manejo de los recursos.
Asimismo, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que los fondos sean fiscalizados y a través de una serie de presentaciones, se informe sobre más ejemplos de la corrupción dentro de los fideicomisos.
A continuación, te presentamos las averiguaciones que fueron presentadas hoy.
Bebederos en “Escuelas de excelencia”
El Instituto Nacional de la Estructura Fiscal Educativa creó este programa en 2014 para instalación de bebederos. Se otorgaron recursos fiscales para obtener 31 mil 279 bebederos, lo que representa 2 mil 31 millones de pesos, pero sólo se instalaron 20 mil 543 bebederos, de los que sólo funcionan 10 mil 900.
Los bebederos instalados sólo tienen una vida útil de dos años, su mantenimiento cuesta 2 mil 400 pesos mensuales para la comunidad escolar. Cada uno costó 153 mil pesos y se compraron sin estudios de mercado ni análisis internacionales.
“Un programa creado por un fin noble, pero hubo corrupción. Sólo funciona el 35 por ciento este fideicomiso, parece ser para comprar equipos caros y con dos años de vida útil. El costo de este fiasco es de 2 mil millones de pesos de gasto”, comentó Álvarez.
Detalló que diversas empresas han sido demandadas por las irregularidades. De acuerdo con las autoridades, las tres organizaciones se dedican a actividades ajenas a este tipo de artefactos.
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Juegos Centroamericanos de Veracruz
Este fideicomiso fue creado en 2009 y la unidad ejecutora fue el gobierno del estado, pese a que la aportación prioritaria fue del gobierno federal, con mil 873 millones de pesos. El objetivo fue construir y desarrollar la infraestructura deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014, con Scotiabank como fiduciario.
En cuanto a las irregularidades, se concentró el capital en un fondo que popularmente se llamó “la licuadora”, donde se mezclaron recursos y se dispuso de ellos de manera arbitraria. Hasta el momento, se desconoce el destino de 867 millones de pesos, equivalentes al 44 por ciento, del que no existe ninguna documentación. La mayoría de infraestructura se entregaron inconclusas y varios de los deportistas fueron hospedados en hoteles de paso.
Se asignaron recursos para obras como palco presidencial y la remodelación del World Trade Center de Boca del Río. En cuanto a las obras sin terminar, se encuentran:
- Construcción inconclusa de la Villa Centroamericana
- Remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuentes
- Arena Veracruz
- Centro Acuático
- Remodelación pabellón de frontón
- Remodelación del Estadio de Béisbol “Beto” Ávila
- Edificio de Estacionamiento Verde
- Rehabilitación del Instituto Veracruzano del Deporte
- Remodelación inconclusa del parque para patinaje
Instituto de Mexicanos en el Exterior
El gobierno encontró presupuestos extraordinarios y ampliaciones líquidas no incluidas en Presupuesto de Egresos. Estos recursos eran dispersados a través de la Secretaría de Hacienda, que enviaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la ampliación, y ésta a su vez, al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).
A través de seis oficinas, el IME distribuía los recursos en la embajada en Washington y consultados Dallas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, y Laredo. A su vez, estas oficinas otorgaban los recursos a dos fundaciones: Parents Alliance y AEM USA.
Estas dos organizaciones recibieron recursos del gobierno mexicano en 15 entregas, entre diciembre de 2014 y 2016 sumaron 73 millones de dólares, (mil 415 millones 969 mil pesos). Para justificar estos recursos, se usaba el concepto de “atención a comunidades mexicanas en el exterior”.
A través de la firma de un memorándum con el consulado se transfería el dinero a las cuentas y se comprobaban mediante un informe de actividades. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que los informes estaban incompletos y sin soporte de los gastos.
Juntos Podemos
En 1996, un grupo de mexicanos encabezados por Alejandro Quiroz y Emilio España establecieron una organización llamada The Mexican Entrepreneur Association AEM-USA. Para 2013, Emilio España registró en Estados Unidos Juntos Podemos, como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en ese país. Una vez allí, designó a la senadora Josefina Vázquez Mota como presidenta honoraria.
En 2014 España creó cinco fundaciones no lucrativas para recibir donaciones públicos y privados entre los que se encuentran Parents Allience, AEM-USA/Integra Institute, Siempre Méxio, Unidos por la Salud y Together Latinos.
En 2017 se dio a conocer que Juntos Podemos recibió cerca de mil millones de pesos, por lo que iniciaron los reclamos a los directivos de esta organización, provocando la renuncia de estos.
Además de los mil 500 millones de pesos para dos fundaciones, la SRE le brindó apoyos en viáticos y traslados a los dirigentes de Juntos Podemos. Es una visita de Vázquez Mota a Los Ángeles y otra a Nueva York, solicitó recursos al gobierno para viáticos con chofer, camioneta y en vehículos oficiales, desde su llega hasta su partida.
Estas instrucciones superiores fueron dadas desde una la línea superior de mando, las que sólo podían ser mandadas, según lo presentado, por los siguientes ex funcionarios:
Como recomendaciones, Rodolfo González sugirió solicitar a la ASF una auditoría forense por los 73 millones de dólares que recibió Juntos Podemos a través de sus fundaciones en Estados Unidos y prohibir donaciones a fundaciones extranjeras.
También, una de las instituciones que se encuentra implicada en las irregularidades es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues su directaora, María Elena Álvarez-Buylla, dijo que el sector privado recibió transferencias por más de 41 mil 624 millones de pesos a través fideicomisos manejados por este organismo en el periodo de 2013 a 2018.
LP