Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que, desde el Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), se comenzaron a auditar los siete fideicomisos que maneja esa dependencia, pero que todos se dicen protegidos por el secreto financiero, por lo que no se han podido llevar a cabo dichas auditorías.
En comparecencia ante la Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la funcionara defendió la decisión presidencial, respaldada con la reforma aprobada en el Congreso de la Unión, de desaparecer 109 fideicomisos que eran presuntamente opacos.
Considero que es una falacia que, con su desaparición, se desamparen los objetivos para los cuales estaban creados los fideicomisos.
“Lo que han cancelado ustedes con su reforma histórica, y quiero reconocer que han aprobado esta reforma para eliminar los 109 fideicomisos, en lo que ayudan es a cancelar los cheques en blanco, la fe depositada en bancos e instituciones financieras, con lo que se cancela el descontrol de operadores opacos, políticos y privados, de los fondos”, afirmó la secretaria.
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Sandoval añadió que no serían canceladas las becas, ni subsidios o proyectos, pues se seguirán cumpliendo con mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
Explicó que, al cierre del 2019, había 388 fideicomisos sin estructura que manejaban 740 mil millones de pesos, lo que representaban el 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Ustedes estaban dejando sin vigilar, dejaban de vigilar, el 22 por ciento del PEF”, declaró.
La secretaria dijo que desde el 16 de octubre se ordenó auditar los fideicomisos existentes y los que se van a extinguir, lo que significa que se anticiparon a la instrucción del presidente.
También puso como ejemplos algunos de los fideicomisos en los que se manejaban recursos de manera discrecional, como el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde, mencionó, se encontraron pagos a funcionaros y no a deportistas.
Recordó el caso de las irregularidades en los Juegos Deportivos Centroamericanos y Del Caribe en Veracruz, realizados en 2014, donde el gobierno federal puso el 96 por ciento de recursos, alrededor de mil 877 millones de pesos, y las obras se quedaron inconclusas y los atletas durmieron en hoteles de paso porque no había dinero para ellos.
Además expuso que se construyó un palco presidencial con costo de ocho millones 500 mil pesos, se remodeló el World Trade Center de Boca del Río por 40 millones de pesos y se adjudicaron obras de manera directa por mil 306 millones de pesos, “en un estado tan empobrecido como es Veracruz”, señaló la secretaria.
ROA