Decenas de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos a título personal enviaron una carta a los integrantes del Senado de la República para exhortarlos a no eliminar de tajo los fideicomisos públicos, sin un análisis serio y profundo, y por el contrario, mejorar el control y rendición de cuentas de esos instrumentos.
En la misiva, consideraron que la extinción de tajo, “en lugar de resolver un problema público, podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos”.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19 México y Centroamérica, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Centro de Análisis y Defensa de Derecho, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Colectivo Red de Madres Veracruz, Colectivo Víctimas de la guerra sucia de los años 70, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar.
Así como Centro de Análisis e Investigación A.C, GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., Greenpeace México, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura, Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM, entre otras, firman la carta.
“Es indispensable revisar cada uno de los fideicomisos para conocer de manera clara su estatus, funcionamiento y operatividad, y tras ese diagnóstico determinar si es necesario fortalecerlos, mejorarlos, o en los casos que así se identifique, extinguir algunos de ellos”, dice el documento.
Además, argumentan que “esta decisión debe ser tomada luego de un análisis amplio, serio y cuidadoso, ya que, por las características propias de los fideicomisos, como la flexibilidad de operaciones que permiten, la prontitud para acceder a los recursos y la posibilidad de disponer de ellos en cualquier momento sin enfrentar las reglas del presupuesto, son el instrumento financiero adecuado para atender algunos de los propósitos para los cuales fueron creados”.
Consideraron que ante un contexto de emergencia sanitaria, “no contar con un mecanismo como este podría ser un obstáculo para garantizar recursos”.
En su carta, explican que la decisión que tomó la Cámara de Diputados de extinguirlos de manera masiva y absoluta “resulta preocupante y desproporcional”.
La decisión tomada en San Lázaro carece de claridades sobre cómo se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos, una vez que se reintegren a la Tesorería de la Federación y no señala de manera específica qué marcos normativos tienen que modificarse o reformarse, qué nuevos mecanismos financieros se van a aplicar o en qué términos, para asegurar recursos a los beneficiarios de los fideicomisos que se van a desaparecer, reclaman.
“Además, no justifica por qué su extinción es la medida más adecuada, y cuáles serían los nuevos mecanismos para asegurar la continuidad de las obligaciones que el Estado Mexicano cumplía a través de estos instrumentos”, reprochan.
Asimismo reclaman que el proceso de votación no cumplió con los principios de Parlamento Abierto, ni ha sido transparente, ya que no han sido públicas las razones por las cuales la iniciativa pasó de 44 a 109 fideicomisos, ni las determinaciones por las cuales no se consideraron las opiniones vertidas por la sociedad civil y academia en las sesiones abiertas para la participación ciudadana.
“El Senado tiene ahora la oportunidad histórica para reforzar y modificar el uso de estas figuras, que por muchos años dejaron de ser revisadas, de enmendar el error cometido por la Cámara de Diputados, y emprender un camino intermedio que permita valorar la utilidad real de estos instrumentos y tomar una decisión a partir de un análisis completo y serio”, exhortan.
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