El Partido del Trabajo en el Senado mantendrá la defensa de 35 fideicomisos que fueron creados para la protección de derechos humanos y el bienestar de la población.
La coordinadora del grupo parlamentario, Geovanna Bañuelos, dijo que hay 35 fideicomisos que, después de un análisis minucioso, “hemos determinado defender, además, estamos abiertos para que a través del diálogo con los diversos colectivos, la lista se pueda incrementar”.
En reunión virtual con científicos, investigadores, representantes de cultura, defensores de derechos humanos, periodistas, medioambientalistas, científicos y académicos, indicó que “compartimos con el gobierno federal la preocupación por el mal manejo de algunos fideicomisos; sin embargo, consideramos que la solución no está en la desaparición, sino en buscar mecanismos de fiscalización, de transparencia y de auditoría que ayuden a que no exista fuga de recursos”.
Afirmó que además de dar el debate en comisiones, presentarán un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar las investigaciones y auditorías necesarias para verificar la posible comisión de faltas administrativas y delitos en la operación de los recursos de los fideicomisos públicos.
Destacó que es necesario sancionar a las personas responsables y presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La legisladora detalló los instrumentos que defenderán son Fondo de la Financiera Rural; Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales; Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas; Fondo Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Fondo de Inversión y Estímulos al Cine; Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
Así como el Fondo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Fondo Sectorial de Investigación para la Educación; Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social y 25 Centros Públicos de Investigación Conacyt.
La senadora Nancy de la Sierra aseveró que de desaparecer estos instrumentos jurídicos, sería ir en contra de los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, por lo que anunció algunas reservas en relación con el fondo del cambio climático.
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