Luego de que Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, denunciara que colectivos que se manifiestan como feministas cobran hasta 3 mil pesos para gestionar ante la dependencia recibir y atender casos de violencia contra las mujeres, la directora de Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, señaló que se trata de una acusación para desviar la responsabilidad y el compromiso de las autoridades para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.
Tras ser señalado durante el informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), Wendy Figueroa declaró en entrevista para MILENIO que si no hay pruebas y transparencia en estas acusaciones se vuelven calumnias que desvirtúan al movimiento feminista.
“Estas declaraciones no solamente son persecutorias para las feministas, si no que también tratan de desviar la responsabilidad, compromiso y obligación que tienen las autoridades para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”, expresó.
La directora de Red Nacional de Refugios dijo que su postura como organización es la exigencia de pruebas a quienes presentaron estas declaraciones, para confirmar si son verdaderas o solo “una criminalización del movimiento”, ya que hasta el momento las autoridades no hay presentado evidencias contundentes de que realmente exista un cobro dentro de colectivos u organizaciones feministas.
“Por más que traten de intimidar y perseguir a las feministas, los movimientos feministas seguiremos presentes alzando la voz: persistiendo, resistiendo, insistiendo aun con todos los obstáculos machistas y patriarcales que tengamos”.
Figueroa hizo un llamado a las instituciones gubernamentales a identificar las deficiencias de mecanismos, propuestas y programas que han llevado a cabo para garantizar la eliminación de violencias contra las mujeres para que así se garantice el acceso a la justicia de todas.
“Más allá de tener esta acciones persecutorias que no abonan en lo más mínimo a la construcción de un país igualitario y libre de violencias para las mujeres, las autoridades tienen que asumir su compromiso y responsabilidad, si se tratan de violencia exigimos nombres y pruebas porque no se trata nada más de perseguir o calumniar".
Figueroa recalcó que todas las atenciones que dan en la Red Nacional de Refugios son totalmente gratuitas y si existieran pruebas de otras organizaciones o colectivas feministas que cobren, se debe iniciar una investigación y actuar con perspectiva de género en derechos humanos, para conocer el fondo y la causa.
“Si alguien en los movimientos feministas o en las organizaciones civiles realiza acciones en contra de los derechos humanos tiene que responder ante esos actos, el acceso a la justicia no puede ser para unas o para otras, tiene que ser siempre con enfoque de género en derechos humanos”.
Por último, enfatizó que en caso de que demuestre que las acusaciones son falsas, las autoridades responsables de estas declaraciones deben asumir el impacto y consecuencia de sus palabras a través de una disculpa pública.
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