En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no hay crimen de Estado: fue un grupo de la delincuencia organizada, asociado con autoridades municipales”, dijo el especialista en materia penal, Samuel González.
Explicó que para calificarse como crimen de Estado “se requiere que sea un ataque sistemático y generalizado a la población civil”.
González funge como consultor internacional en seguridad pública y delincuencia organizada y fue fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia organizada de la PGR.
Aseguró que “lo mejor que le puede pasar al caso Iguala es que llegue a la terminación del sexenio”, ya que, a pesar de que los involucrados son locales, “la genialidad es de quién lo manejo políticamente al volverlo asunto nacional”.
Afirmó que la “verdad histórica admite contrarréplica y para ello se requieren pruebas y evidencias y no ha habido ninguna. Dónde están los jóvenes, puede permitir algunas interpretaciones, pero no hay nada”.
Refirió que Alejandro Solalinde fue el primero en revelar que 17 estudiantes fueron calcinados “y aún tiene que explicar por qué afirmó que eran 17”.
Sobre la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, señaló que no encontrará “absolutamente nada: van a encontrar lo mismo que está en los 600 tomos del caso”.
En la entrevista en El asalto a la razón, con Carlos Marín, negó que el caso pueda llevarse ante un tribunal internacional y se apoyó en una declaración que hizo en México la ex jueza de la Corte Penal Internacional Sylvia Steiner, quien señaló que la violencia por el narcotráfico “no es motivo” para pedir la intervención de esa corte.
El especialista calificó de “terrible” que hayan liberado a los tres asesinos confesos de los normalistas y acusó a la magistrada de haber dictado una resolución sin haberla estudiando antes.
“Sigue la búsqueda de justicia”: Beltrán
Autoridades de la PGR, Gobernación y Relaciones Exteriores refrendaron ante integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Iguala de la CIDH, el compromiso para esclarecer los hechos. Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría, dijo que “se mantiene firme el objetivo de procurar el castigo de los responsables”.