El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Ricardo César González Baños, dio a conocer que se ha denunciado en la Fiscalía a 18 presidentes municipales en funciones así como a seis expresidentes aunque se reservó revelar los nombres pues así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Indicó que los presidentes y expresidentes municipales fueron denunciados por el delito de peculado así como abuso de autoridad y por infidelidad de custodia de documentos. Señaló que las denuncias las iniciaron ante la Fiscalía la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la Secretaría de Contraloría del gobierno del estado, síndicos además de la población.
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“Un poco más de la mitad de todas las denuncias que tenemos nosotros en la Fiscalía son por abuso de autoridad, las otras son peculado, por infidelidad de custodia de documentos, esto es que cuando tienen un documento público y se da a conocer al exterior sin que se tenga la obligación de darlo o que se le dé un mal uso”, explicó.
Respecto a qué sucedió con las denuncias que inició la ASEH en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra de los Ayuntamientos de Santiago de Anaya, Singuilucan, Tlanalapa, Tulancingo de Bravo, Alfajayucan, Mineral de la Reforma, Santiago de Anaya, Tepetitlán, Tula de Allende, Alfajayucan nuevamente, Santiago de Anaya y Tula por segunda ocasión entre los años 2014, 2015 y 2016, el fiscal anticorrupción mencionó que son averiguaciones previas que están en estudio para el ejercicio de la acción penal.
Puntualizó que las carpetas de investigación en las que en este momento se trabaja son aquellas que inició la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, las cuales apuntó, son ocho por peculado, “de ellas dos están judicializadas”.
Asimismo, González Baños informó que desde la creación de la Fiscalía, en octubre del 2017, se han iniciado 843 carpetas de investigación de las cuales con base en la integración y las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público se determinó que en 443 de ellas no hay ejercicio de la acción penal, 320 permanecen en integración, 17 en archivo temporal, 11 incompetencias, nueve acumuladas, 22 judicializadas y 21 de cambio de unidad.
De las carpetas de investigación que han sido judicializadas mencionó que abarca a 32 personas dedicadas al servicio público y un particular relacionado con una carpeta. Agregó que de las 22 carpetas judicializadas seis están en investigación complementaria, tres pendientes de orden de aprehensión, tres en suspensión condicional, cuatro para entrega de acusación y seis para fecha de audiencia intermedia.
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Respecto a las 17 carpetas que se fueron al archivo temporal precisó que el Ministerio Público puede archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.
Sin embargo añadió que el archivo temporal subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.