Después de siete años del primer cierre de la Línea 12 del Metro, en 2014, y con el argumento de proteger la presunción de inocencia, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se negó a informar cuál es el avance que hay en cada uno de los procesos penales abiertos desde entonces en contra de funcionarios del gobierno capitalino, acusados por las irregularidades que en ese año ocasionaron el cierre de la línea.
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En respuesta a una solicitud de acceso a la información formulada por MILENIO, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, se negó a informar cuál es el estado procesal de las denuncias que se presentaron en 2014 contra 43 servidores públicos tanto de la Dirección de Proyecto Metro, que estaba a cargo de la Secretaría de Obras, como del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Esos 43 servidores públicos recibieron en 2014 diferentes sanciones administrativas, como destituciones e inhabilitaciones, por parte de la Contraloría General del gobierno de la ciudad, entonces encabezada por Hiram Almeida, quien también presentó denuncias penales contra algunos de ellos ante la entonces Procuraduría General de Justicia.
Aunque en la solicitud a la Fiscalía, únicamente se pidió conocer cuál es el estatus jurídico de cada una de las denuncias presentadas ese año y el número de averiguación previa o carpeta de investigación que identifique cada caso, sin que se revelaran más detalles sobre las investigaciones que pudieran ponerlas en riesgo, la Fiscalía de Justicia decidió no dar ningún dato sobre el tema y argumentó posibles violaciones a los derechos humanos al honor, a la propia imagen y a la presunción de inocencia.
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“De informarse lo requerido, se podrían generar juicios sobre su reputación, pues tendría efectos inmediatos sobre la percepción que se tiene sobre éstas, lo que provocaría un daño en su dignidad humana de manera irreparable”, alegó la Fiscalía.
Vulneración a los derechos humanos y daños a la reputación
En el documento de respuesta, firmado por Marina Pérez López, agente del Ministerio Público en funciones de Enlace de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, se argumentó “la imposibilidad jurídica de pronunciarse en sentido positivo o negativo de proporcionar la información consistente en si tienen averiguaciones previas”.
Agregó que “señalar la existencia o no de denuncias en contra de un individuo, únicamente generaría juicios de valor sobre su reputación sin sustento, pues como se ha reiterado, la existencia de alguna denuncia en contra de alguna persona no puede determinar que la misma sea responsable de las conductas que se le imputan, pues esta responsabilidad se le finca después de haberse incoado un juicio ante la Autoridad Judicial competente”.
También alegó que se “desconoce el destino final que le dará el particular a la información que le es proporcionada, pudiendo llegar a darse a conocer a la población en general, ya sea a través de los medios de comunicación o por medio de las redes sociales, con lo que se daría lugar a anticipar juicios sobre su responsabilidad en cada caso y con esto se violentaría el derecho de toda persona a ser tratada como inocente” hasta que se demuestre lo contrario.
Similar respuesta ya había dado la extinta Procuraduría General de Justicia en 2019 a una solicitud también formulada por MILENIO.
La Contraloría ya había dado nombres de implicados en 2014
Por lo tanto, más allá de algunos casos que, en algunos momentos, se han ventilado en medios de comunicación —como los amparos obtenidos por el entonces director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas—, no es posible conocer públicamente cómo han avanzado y cuál es el estado actual del resto de procedimientos judiciales iniciados con motivo de las denuncias presentadas por la Contraloría General del gobierno capitalino, cuando estaba encabezada por Hiram Almeida.
En septiembre y noviembre de 2014, cuando Almeida dio a conocer las sanciones aplicadas por la Contraloría contra servidores públicos, también informó de las personas contra las que presentó denuncias ante la entonces Procuraduría de Justicia capitalina.
Entre ellas se encontraban, además de Horcasitas, funcionarios como Juan Armando Rodríguez Lara, ex director general de Administración del Proyecto Metro; José Pascual Pérez Santoyo, ex director de Administración de Contratos del Proyecto Metro; Reyna María Basilio Ortiz, ex directora de Administración de Contratos de Proyecto Metro, y Juan Carlos Mercado Sánchez, ex subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre otros.
Juan A. Grial y Mazón, director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce y Gustavo Cruz Villafranco, directores de Construcción de Obras Civiles, también estaban en la lista.
dmr