Fiscalía cita a 200 funcionarios involucrados en recolección de firmas

El fiscal Javier Garza y Garza informó que en total se investigarán a 572 funcionarios estatales que participaron en el desvío de recursos.

El senador Samuel García y el Fiscal Javier Garza. (Foto: Leonel Rocha)
Eduardo Mendieta
Monterrey /

La Fiscalía Anticorrupción del Estado investiga a los primeros 200 de 572 funcionarios del Gobierno Estatal que fueron involucrados en la captación de firmas en horario laboral para la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República.

En entrevista, tras recibir información adicional entregada por el senador Samuel García, el fiscal Javier Garza y Garza informó que ya citaron a 200 servidores públicos de la administración estatal, señalados por la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como involucrados en el desvío de recursos.

“Ya hemos citado a más de 150 personas, quizás 200, ya han desfilado precisamente aquí por la Fiscalía, y vamos a investigar e irnos con las 572 para que las analicen.
“Ya se resolvieron por la autoridad electoral algunos términos, que a la luz de la materia penal local pudiéramos ver si se aplican o no esas resoluciones, independientemente de lo que tenga el Congreso del Estado a resolver por esta sanción que interpuso la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder judicial”, dijo.

Allega Samuel más pruebas contra ‘El Bronco’

Samuel García, senador de la República por Nuevo León, amplió la denuncia contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ante la Fiscalía Anticorrupción allegando más pruebas de presuntos delitos adicionales cometidos durante su fallida campaña presidencial.

El senador de Movimiento Ciudadano pidió que se investigue a “El Bronco” por cometer otros posibles delitos como daño contra el patrimonio del Estado, el delito de coalición y de peculado.

“El primer delito es en contra del patrimonio del Estado, comete el delito en contra del patrimonio del Estado el servidor público que, teniendo a su cargo caudales del erario, les da una aplicación pública distinta a aquella a la que estuviere destinada.
“Es clarísimo que el gobernador y todo el Gobierno que tenían dieron nuestro a su cargo, lo desviaron para juntar firmas; este delito se castiga con hasta 12 años de prisión y como supera las 5 años, se le considera delito grave, no hay fianza y va directo a la cárcel de comprobarse”, dijo.

García señaló que el gobernador miente cuando asegura que no está enterado del proceso, porque en la sentencia se detalla quiénes acudieron a la Sala Superior y entre los nombres está el del mandatario estatal.



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