La Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), no solo tardó cinco años en crearse, a un año y tres meses de su implementación no ha judicializado un solo caso por tortura.
El encargado de Despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto Castillo, admitió que los resultados al interior de la Fiscalía han sido magros y apuntó que tanto las averiguaciones previas como las carpetas de investigación que se tienen están en integración.
Entre 2017, año en el que se implementó primero Unidad para la Atención de Asuntos de Tortura y junio de 2023 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo cuenta con 580 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura.
“Es importante que se dictaminen para poder avanzar en esta construcción del estado constitucional de Derecho”, sostuvo Nieto Castillo, quien arribó a la Procuraduría en septiembre de 2022, a un año y cinco meses de la creación de la Fiscalía.
“Estamos haciendo una revisión de lo que se había hecho antes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo porque la Unidad viene desde el 2017, es decir hace seis años (ahora Fiscalía) y los resultados realmente son magros, es un espacio en el cual he pedido a la fiscal Anticorrupción que tengamos particular interés y que podamos judicializar carpetas de investigación sobre el tema”, aseveró.
Mencionó que las averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura que se tienen están acusados de cometer el delito policías estatales así como policías municipales relacionados con la procuración de justicia.
El retraso de creación de la Fiscalía
Publicada el 26 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ordenó a las Procuradurías de los estados a crear sus Fiscalías Especiales contra la Tortura.
El artículo 55 de la Ley establece que las instituciones de procuración de justicia deberán crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en la Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación.
Cinco años después, el 31 de marzo de 2022, con 24 votos a favor los diputados locales de la LXV legislatura aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con la que se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
El Decreto de la reforma entró en vigor el 13 de abril de 2022 tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el cual establece que a Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción deberá contar con una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, que será competente para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con las facultades y obligaciones establecidas en esa norma.
Delito de tortura
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala que la tortura es todo acto por el cual se inflinje intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.
“La Corte Interamericana y la Corte Mexicana han sido muy claras, las Procuradurías y Fiscalías debemos generar lineamientos, utilizar el protocolo de Estambul para poder determinar el grado de afectación que tienen las personas y estamos en ese compromiso”, enfatizó Santiago Nieto.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece que a quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de 200 a 500 días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.
“La tortura es uno de los delitos que no admite ninguna limitación y que por tanto debemos generar una política, una práctica de sancionar cualquier conducta donde se pueda acreditar la tortura hacia una persona, particularmente hacia los imputados en el proceso penal”, agregó Nieto Castillo.
Añadió que una de las personas especializadas en la aplicación del protocolo de Estambul renunció a la Fiscalía, situación que dijo evitó que se avanzara como se quería, sin embargo, puntualizó que el tema ya se ha solucionado.