En el último año de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca se radicaron 427 carpetas de investigación por probables hechos de corrupción en Tamaulipas, pero ninguna fue turnada al Poder Judicial para determinar responsabilidades. Así, no hubo sentencias condenatorias.
La Organización Nacional Anticorrupción (Onea) informó lo anterior y precisó que ese último año del pasado sexenio disminuyó la apertura de indagatorias en la Fiscalía y el Supremo Tribunal de Justicia no emitió resoluciones por este tipo de delitos, de manera que el estado alcanzó un índice de impunidad penal del 100 por ciento.
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Indicó que la entidad presentó en 2022 un nivel de judicialización de 0% para los delitos cometidos por servidores públicos junto con Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Por otro lado, contrario a la inexistencia de resoluciones para imponer sanciones penales donde se castigue la corrupción, hubo estados como Durango, Morelos, Nayarit y Querétaro, que judicializaron todas sus carpetas de investigación.
Según la información emitida por el organismo no gubernamental, a nivel nacional 7.6 de cada cien investigaciones radicadas por posibles actos de corrupción fueron determinadas por las fiscalías locales para el ejercicio de la acción penal y turnadas al conocimiento de las autoridades judiciales para dictar sentencias.
Impunidad penal del 100%
En el último año del sexenio panista, la tasa de incidencia de la corrupción por cada cien mil tamaulipecos fue de 12.10 y se situó por debajo de la media nacional calculada en 16.68.
Se abrieron ese año 427 carpetas de investigación y fue el estado número 14 en el ranking nacional con dicha cifra. De acuerdo con el análisis de Onea, se tuvieron 29 carpetas menos que en 2021 y 193 menos que en 2018, lo que representó una caída del 6.36% y 31.12%, en estos comparativos, respectivamente.
En este contexto, los ilícitos más comunes en la entidad fueron el abuso de autoridad, con el 44.9% de los casos; tortura, 19.2% y delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas, con 18.26%.
El primero comprende la utilización arbitraria de la fuerza pública, la negación de servicios y la tolerancia o participación en conductas contra la libertad de las personas. Es un delito castigado con hasta nueve años de prisión y 400 días de multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público, sin embargo, en el país solo el 0.3% de las investigaciones iniciadas culminan en una sentencia condenatoria, lo que otorga a este ilícito un 99.7% de impunidad promedio.
Con los resultados obtenidos en la recta final del gobierno anterior, se estableció que Tamaulipas tuvo un 100% de impunidad penal en corrupción, emperó respecto a 2021 al tener un 92.88%.
En faltas administrativas
Por faltas administrativas, Tamaulipas tuvo una tasa de 14.46 investigaciones internas por cada cien mil habitantes, con lo que ocupó el lugar 27 en este rubro. Entre 2021 y 2022, bajó de 640 a 510 expedientes, lo que significó una reducción del 20.3%.
De las investigaciones de los órganos internos de control en las dependencias públicas, cuatro derivaron en procedimientos para determinar la posible responsabilidad de sus funcionarios por faltas administrativas cometidas en el ejercicio del poder, calificadas como graves.
En impunidad administrativa el estado resultó con un índice del 75.10%, siendo, sin embargo, el antepenúltimo a nivel nacional. Mejoró en esta clasificación, pues en 2021 tuvo un 97.66%, es decir, avanzó 23.20%.
En el análisis final, Tamaulipas alcanzó un 41.48%, lugar 28 en el país. El peor fue Chihuahua con 61.87% y el mejor Querétaro con 27.31%, se expuso.
El estudio toma como fuentes, estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Seguridad Pública (Envipe), el Censo Nacional de Gobiernos Estatales, ambos del Inegi y solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
SJHN