Investigan a jueces del sur del estado por presuntos actos de corrupción en el desempeño de su cargo, de acuerdo con denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
El titular de la dependencia, Irving Barrios Mojica admitió en entrevista que se tienen iniciadas carpetas de investigación derivadas de la función de esos servidores públicos del Poder Judicial.
Precisó que cuatro de las denuncias interpuestas por estos hechos corresponden a instancias de Altamira y Tampico, además de haberse formulado una en Matamoros.
“Entenderá usted que los detalles no es factible darlos en tanto que se trata de investigaciones en curso”, señaló el fiscal al cuestionarse si los jueces fueron denunciados por el gobierno del estado o actores políticos.
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El pasado 31 de octubre, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a no actuar al margen de la ley.
“Desde el Poder Ejecutivo Estatal hago un llamado a todos los servidores públicos involucrados en la procuración e impartición de justicia, a que denuncien cualquier presión o coacción para actuar al margen de la ley”.
Dijo que será el primer en señalar a quienes continúen utilizando su cargo para venganzas o revanchas políticas.
“Reconozco el valor de los jueces que, a pesar de las presiones, han decidido actuar conforme a constancias, que de manera objetiva y sin imposiciones, hoy resuelven bajo el imperio de la ley y la justicia”.
El pasado 21 de septiembre, en víspera de tomar posesión como nuevo gobernador, Villarreal Anaya dio a conocer que su antecesor ordenó a un juez de control liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de él y de personas que iban a su gabinete.
“Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable, para tramitar y liberar ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y, al parecer, en contra mía; esta medida es inaceptable y no la vamos a permitir”, dijo en una conferencia de prensa convocada urgente.
El mandatario se refirió en aquel momento al juez de control Miguel Moreno Castillo, quien se encontraba en Altamira y fue movido a la capital del estado y sería quien emitiría presuntamente las órdenes de aprehensión basadas en señalamientos publicados en notas periodísticas y no en acusaciones formales.
Aseguró que se busca imponer medidas de terror judicial, bajo una acción coordinada para manipular decisiones jurídicas, con documentos falsos y campañas sucias “que han sido desmentidas por el propio embajador de los Estados Unidos en nuestro país”
Ese mismo día, el gobierno panista negó la existencia de esas órdenes de aprehensión. “De acuerdo a una consulta realizada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y sus distintas instancias, es falso que existan o se hayan solicitado órdenes de aprehensión contra él, familiares o colaboradores cercanos, como lo declaró públicamente”.
Aclaró que solo existen dos órdenes de aprehensión vigentes en contra de personas de Morena, emitidas en 2018 y 2021, “casos que se han hecho públicos en medios de comunicación por los amparos que han tramitado los interesados y que, por tratarse de casos vigentes, no se pueden ofrecer más detalles”. Presuntamente se referían al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y el expresidente de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal.
El pasado 4 de octubre, a escasos tres días de haber tomado posesión del cargo, Villarreal Anaya anunció que no ratificaría como magistrado del Poder Judicial a Horacio Ortiz Renán, por carecer de honorabilidad y tener mala reputación.
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Recordó que la Constitución de Tamaulipas faculta al gobernador para proponer a los magistrados del Supremo Tribunal y en su caso la ratificación. La ley establece que para ratificar un magistrado, debe valorarse su desempeño ético y profesional.
“Existen opiniones de ciudadanos y representantes de organizaciones y gremios de abogados que ponen en evidencia que el magistrado Horacio Ortiz utilizó su cargo para responder a intereses políticos del entonces titular del Poder Ejecutivo, así como en protección de intereses patrimoniales ajenos a las contiendas judiciales”, exclamó en aquel momento.
SJHN