Florian Tudor, El Tiburón, a quien autoridades mexicanas y estadunidenses identifican como líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, tiene sus cuentas congeladas desde hace una semana, está bajo investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF informó a MILENIO que las cuentas bancarias de Florian Tudor sí fueron congeladas y la solicitud se emitió incluso, previo al requerimiento en contra de la red de políticos, presuntos criminales y operadores que colaboraban con la mafia rumana acusada de clonar tarjetas bancarias, tráfico de personas con fines de explotación sexual y extorsión a comerciantes que anunció el propio Santiago Nieto en Twitter el 4 de febrero.
MILENIO dio a conocer que la UIF bloqueó las cuentas bancarias del ciudadano de nacionalidad rumana por encontrar elementos que apuntan a que es el líder de la mafia rumana.
Tudor sostuvo que era una mentira y este lunes, difundió una carta en donde asegura que la UIF lo exoneró y mostró un documento fechado en julio de 2020, en el que le garantiza que sus cuentas bancarias no están congeladas.
“Tengo en mi poder el documento donde la propia UIF me exonera de uso de recursos de procedencia ilícita o ‘lavado de dinero’, en la que sostiene que tras consulta efectuada en la base de datos ‘no existe registro de que sus cuentas se encuentren incluidas en la lista personas bloqueadas”, dijo en su escrito de 13 páginas.
Sin embargo, la UIF confirmó que si bien este documento es verídico, se emitió antes de que iniciaran las indagatorias contra el rumano.
“El oficio que presenta el señor Florian "N" y que circula en algunos medios de comunicación, es una solicitud que él hace a la UIF en julio de 2020 para saber si está en la lista de personas bloqueadas, al respecto la UIF le contesta que en esa fecha esta persona no estaba en la lista de personas bloqueadas”.
En las fechas que Tudor hace referencia, sólo contaba con indagatorias locales en Quintana Roo pero la información difundida y las indagatorias que se encuentran en curso, corresponden a las investigaciones de las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad del gobierno federal y del FBI.
Tras confirmarse que Florian no aparece en la lista de personas bloqueadas difundida la semana pasada porque sus cuentas fueron congeladas a través de un requerimiento previo.
La UIF también rechazó ser responsable de la difusión del oficio conocido como Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), por lo que advirtió que “presentará esta semana una denuncia contra la institución financiera que filtro el oficio donde viene la lista de empresas y personas que se solicita bloquear.
También reiteraron como lo dio a conocer Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el pasado viernes en MILENIO Televisión que ese mismo 12 de febrero se presentaron ante la FGR las denuncias correspondientes en contra de todas las personas involucradas en la investigación denominada “Operación Caribe”.
Entre estas personas se encuentran Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina barriga o Chávez Barriga, los dos operadores vinculados a René Bejarano y que MILENIO reveló que acudieron a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador; así como los políticos que habrían apoyado a la mafia rumana como el diputado local de Quintana Roo y hasta hace unos días dirigente del Partido Verde en ese estado, José de la Peña Ruiz Chávez, e incluso el líder de los hackers de León, Héctor Ortiz Solares, El H-1 y Leticia Rodríguez Lara Doña Lety, lideresa del cártel de Cancún.
Así como José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex secretario de seguridad pública de Cancún y aspirante a diputado local por el Partido del Trabajo y Morena, y su padre José Luis Yong Cruz; Francisco Evadio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública con el entonces gobernador Félix González Cantú y su hijo Iván Eliud Garibay Pulido, quien fue director jurídico de gobierno del estado en la Zona Norte durante el gobierno de Roberto Borge. Todos, también señalados por participar en el tráfico de indocumentados cubanos desde las costas de Cancún.