La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) advirtió que es necesario implementar medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Por ello, la FMOPDH pidió a las autoridades generar acciones concretas vinculadas a investigar las agresiones y asesinatos con debida diligencia agotando las líneas lógicas de investigación relacionadas con actividad periodística, garantizar el acceso la justicia y a la verdad a las víctimas directas y sus familias a través del esclarecimiento de los hechos.
También, solicitó generar un ambiente libre de calificaciones o acciones que estigmatizan y desacreditan la labor de los periodistas así como impulsar los cambios necesarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de los mecanismos locales, con enfoque de género e interseccionalidad que tomen en cuenta las necesidades individuales y colectivas, medidas sociales, desplazamiento forzado; así como planes de retorno.
La Federación destacó que el inicio del 2022 ha sido uno de los más violentos contra las personas periodistas y comunicadores al registrarse los asesinatos de Roberto Toledo del Monitor Michoacán, el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán; de Lourdes Maldonado, de Sintoniza Sin Fronteras y Margarito Martínez el 23 de enero y el 17 de enero respectivamente, ambos en Tijuana, Baja California; así como el de José Luis Gamboa de Inforegio, el 10 de enero en Veracruz.
Asimismo, en 2019 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó los problemas que enfrentaba el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y la oficina en México del ACNUDH consideraron critica la situación del inicio de año y reiteraron su preocupación por que el Estado mexicano no ha logrado brindar las garantías necesarias para que periodistas y comunicadores hagan su trabajo de forma segura; y, en su caso, prevenir agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos.
LP