Fuerza por México del líder sindical Pedro Haces podría volver al sistema de partidos políticos nacionales el próximo miércoles, si el magistrado Indalfer Infante Gonzáles logra convencer a sus pares del Tribunal Electoral de que ante la pandemia de covid-19, alcanzar 2.5 por ciento de los votos es suficiente para que se le devuelva el registro pues en otras condiciones, habría logrado más de los 202 mil votos que le faltaron para el mínimo.
El pasado jueves, MILENIO reveló que el magistrado presentó a las magistradas y magistrados de la Sala Superior, un proyecto en el que concluye que Fuerza por México sí se vio afectado por la pandemia pues el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso el proceso de entrega de registros 42 días, después se lo negó y se vieron orillados a impugnar para obtenerlo, por lo que fueron más de 100 días los que debieron esperar para ejercer sus derechos.
“El que no haya obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones a diputaciones federales encuentra una alta explicación plausible en el hecho de que sus condiciones de participación se hayan visto afectadas por la situación generada a partir de la no obtención de una respuesta a su solicitud de registro como partido político en el mes de julio de 2020.
“Al haber superado el umbral del 2.5 por ciento de la votación válida emitida, ello es suficiente para considerar que en condiciones óptimas de competitividad hubiera estado en posibilidad de conservar su registro y que cuenta con un grado razonable de representatividad”, indica el proyecto de 154 páginas.
Aunque el magistrado se resistía a hacerlo público como sí lo hicieron el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón con el caso de Redes Sociales Progresistas y la magistrada Janine Otálora con el Partido Encuentro Solidario, finalmente este fin de semana, dos días después de que MILENIO lo dinfundió, decidió hacerlo público en la página oficial del Tribunal Electoral.
Entre sus argumentos, Infante Gonzáles sostiene que aunque el INE aplicó la ley, “no se justifica imponer la consecuencia jurídica prevista en el artículo 41 constitucional” pues ante una situación extraordinaria como la pandemia por covid-19 “se debe flexibilizar”.
Y exhibe como ejemplo, que el INE incumplió con su deber de entregar registros el primer día del mes de julio previo a la elección, considerando que si el proceso inicia en septiembre, los partidos de reciente creación tendrían dos meses para preparar su estructura interna y estrategia electoral. Lo que la autoridad electoral pospuso por 42 días.
En septiembre entregó registros y se lo negó a este partido que tuvo que recurrir al Tribunal Electoral, entregándoselo hasta el 19 de octubre, pero con plenos efectos hasta el 15 de diciembre que aprobaron el cambio de nombre “Fuerza Social por México” a “Fuerza por México”; por lo que el partido alegó 167 días de retraso y afectación.
“Por lo que hubo un impacto diferenciado en los partidos de nueva creación. Se generó una distorsión en el sistema de partido, porque se imposibilitó la permanencia de los partidos de nueva creación que en condiciones ordinarias, habrían podido, presumiblemente, conservar su registro”.
El partido del líder sindical además culpó a la campaña de vacunación, pues señaló que los partidos políticos que ya formaban parte del sistema de partidos sí los conocía la ciudadanía y contaban con una estructura, pero en su caso, Fuerza por México no pudo realizar actividades presenciales “ante un porcentaje menor de personas vacunadas” y esto impidió el acercamiento directo con la gente.
Fuerza por México obtuvo un millón 210 mil 384 votos, es decir, el 2.56 por ciento, solo 202 mil 952 votos más para mantener el registro. Por lo que el magistrado Infante Gonzáles concluye que en efecto, de haber tenido el tiempo que marca la ley para que se le entregara el registro y pudieran prepararse para el proceso electoral, habrían alcanzado la votación necesaria.
Así, propone declarar sustancialmente fundados los agravios en contra de Fuerza por México y “revocar la determinación de pérdida de registro de Fuerza por México como partido político nacional” y que se le restablezcan los derechos y obligaciones que les corresponden.
Este proyecto se contrapone al sentido de los presentados y hechos públicos por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón que analizó el caso de Redes Sociales Progresistas y el del Partido Encuentro Solidario de la magistrada Janine Otálora, ambos con la propuesta de respaldar al INE y ordenar la extinción definitiva de estos dos grupos como partidos políticos nacionales.
Los tres proyectos deberán discutirse el próximo miércoles en sesión pública.
ledz