Las titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrrostro, firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información que permita vigilar y fiscalizar las compras públicas del gobierno federal, desde el proceso de planeación hasta la ejecución de los contratos.
Sandoval aseguró que las compras públicas en el gobierno federal, que acaparan un billón de pesos al año, equivalente al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción.
Por ello, partir de esta administración, las compras públicas de todo el gobierno están a cargo de la Oficialía Mayor, con la intención de reducir al máximo el número de unidades compradoras y el contacto que éstas tienen con proveedores.
“Cada que hay un punto de contacto entre un servidor público y un privado, hay un potencial riesgo de corrupción; lo que se ha hecho en todo el mundo, las mejores prácticas, es reducir el número de contactos entre sector público y sector privado. ¿Eso a qué nos lleva? A compactar las unidades compradoras y a un modelo de compras consolidadoras. Este modelo se ocupa desde 1990, no son nuevos, ha habido mucha experiencia en otros países y mucho éxito, y lo que nos han arrojado es que cuando se empiezan a usar estos modelos, los primeros impactos son entre el 20 y el 30 por ciento de ahorro: la meta que nos hemos establecido como gobierno en este primer año de administración ha sido un 20 por ciento mínimo”, dijo Buenrrostro.
Si la Oficialía Mayor concentra a las unidades compradoras, la SFP conserva la labor fiscalizadora de los procesos.
“La Secretaría de Hacienda será responsable de estas compras y sus sistemas, mientras que nuestra Secretaría también brindará asesoría normativa con un carácter preventivo sobre políticas de control interno, vigilancia, fiscalización, inspección y revisión de las contrataciones. Es decir, la Función Pública conservará las facultades fiscalizadoras de control, inspección y vigilancia en materia de adquisiciones, lo cual es muy importante para nosotros subrayar porque se ha transmitido una idea errónea de que la Función Pública ya no participa en estas asignaciones”, aclaró Sandoval Ballesteros.
Buenrrostro informó que derivado de la concentración en su oficina de los procesos de adquisiciones se ha logrado un ahorro de 145 mil millones de pesos a julio de 2019, de los 200 mil millones que se han fijado como meta para finales de año.
El convenio permite que ambas dependencias compartan información sobre servidores públicos que participan en los procesos de adquisición y de los proveedores con quienes se firman los contratos.
La Oficial Mayor explicó que la nueva política de contrataciones se reforzará con la renovación de la plataforma CompraNet —que inició en la administración anterior—, la cual podrá concretarse en tres o cuatro años, para poder dar seguimiento digital a los procesos de adquisiciones desde la planeación hasta la ejecución y fiscalización de los recursos públicos destinados a las compras públicas, transparentando qué funcionarios y qué proveedores participan en la transacción.
En tanto, dijo que ya se lanzó un primer módulo de lo que será la nueva plataforma, una “tienda digital”, parecido, dijo la Oficial Mayor, a “Mercado Libre”, en el que las dependencias federales hacen su requisición de artículos de oficina y a través de ese mercado, Hacienda se los compra y provee.