Advierten que pueden incurrir en delito electoral aquellas personas que no se presenten a realizar su tarea como funcionarios de casilla el día de los comicios, o que a la mera hora desistan de prestar su domicilio para instalar ahí una casilla.
Paola Marisol Hernández Espejel, subdirectora de Atención Ciudadana de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, dijo lo anterior al impartir un curso sobre detección y prevención de delitos electorales y mecanismos de denuncia.
La funcionaria federal expuso que si estas omisiones no tienen una causa justificada, se puede proceder contra las personas. Inclusive aplica si una escuela amaneció cerrada con candado y no es posible localizar al encargado para que la abra y se instale la mesa receptora del voto.
Hernández Espejel indicó que quien intente boicotear el desarrollo de los comicios se arriesga a convertirse en delincuente electoral. Destacó que recibir dinero para no acudir a participar como funcionarios de casilla es un delito, por lo que todo ciudadano que se ha comprometido con el INE a colaborar en esa función debe abstenerse de toda práctica ilegal que ponga en riesgo su libertad.
“A menos de que exista una causa justificada que le impida acudir, tiene que presentarse a ejercer su tarea, de lo contrario estará perjudicando el desarrollo del proceso electoral y eso está penado”.
El caso, dijo, empeora si se prueba que la persona recibió dinero de algún partido o candidato para faltar.
Agregó que esto aplica no solo para los funcionarios de casilla, sino también para todos los que tienen bajo su responsabilidad las actividades electorales y recordó que estos delitos están considerados como graves luego de una reforma a la ley.
“Quien sin causa justificada no permite la instalación de una casilla cuando ya se había comprometido a prestar su domicilio para ello, también puede estar incurriendo en delito electoral porque está afectando el desarrollo del proceso”, refirió.
Recoger la credencial de elector antes del día de la votación o condicionar algún servicio o programa es un delito, al igual que el acarreo de votantes, entre muchas otras conductas irregulares.
EAS