Los ex funcionarios de la administración 2016-2018 del municipio de Chimalhuacán acusados de un desfalco millonario al erario público, anunciaron que buscarán recursos legales para demostrar que no incurrieron en el desvío de los 18 millones del que se les señala.
A través de su defensa, Rosalba Pineda Ramírez, ex presidenta municipal, Raquel Robledo Ramírez, ex segunda síndico municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex tesorero, anunciaron que interpondrán amparos para demostrar su inocencia.
Esto luego de que, la semana pasada autoridades de la actual administración liderada por la morenista Xóchitl Jiménez, embargaran tres predios para recuperar el faltante detectado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Apelaran por inconsistencias
La defensa, Yessenia Vargas Peña, detalló que la actual administración incurrió en anomalías debido a que los ex funcionarios no fueron notificados sobre el embargo, además, acusaron que el gobierno local no realizó las investigaciones correspondientes y los inmuebles ni siquiera pertenecen a los ex funcionarios.
Por lo que, utilizarán el recurso de tercería excluyente de dominio para que los verdaderos dueños tengan la oportunidad de reclamar los bienes donde se ejecutó el embargo.
“Nosotros vamos a iniciar también un procedimiento llamado tercería para demostrar que los bienes que fueron embargados no son de su propiedad por lo tanto pues tienen que regresar a sus propietarios originales, vamos a esperar la resolución de las autoridades y sobre eso nosotros también vamos a tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer”.
En caso de que los dueños demuestren la propiedad de los predios la autoridad judicial está obligada a dictar una sentencia a su favor y revocar la ejecución para que recuperen su patrimonio.
Cabe recordar que embargo se realizó la semana pasada por autoridades locales, luego de que, el OSFEM detectara el desfalco de 18 millones de pesos.
De acuerdo con los documentos del OSFEM, la administración no presentó 21 facturas por concepto de consumo de gasolina de autos, motocicletas y maquinaria propiedad del ayuntamiento por un total de 2 millones 145 mil pesos.
Esto sumado a que en 2018 la ex alcaldesa fue notificada sobre la falta de comprobación de 16 millones 342 mil 611 pesos con 45 centavos a través de la carpeta administrativa: OSFEM/UAJ/PART-IM/196/17.
El documento emitió tres observaciones, derivadas de la auditoría financiera y las cuales no fueron solventadas, ya que los ex servidores públicos, presuntamente no se presentaron a las audiencias.
MMCF