Parte del gabinete de Jaime Rodríguez Calderón y él mismo como gobernador, junto con 570 funcionarios de todos los niveles del Gobierno de Nuevo León están en aprietos judiciales-electorales o compareciendo y declarando desde hace semanas ante la Fiscalía Anticorrupción.
Incluyendo ex funcionarios de primer nivel como el de Ernesto Canales Santos, el primer zar anticorrupción que tuvo Nuevo León en la era inicial de “El Bronco”, está en apuros por una orden de aprehensión frenada por el amparo emitido por un juez por el presunto fraude por 6 millones de dólares en el caso de Laura Cusi, ex viuda de Emilio Azcárraga.
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Funcionarios
El gobernador Rodríguez Calderón y Manuel González Flores, secretario de Gobierno, están sujetos a un proceso sancionatorio donde pudieran ser infraccionados o incluso destituidos por el Congreso del Estado.
Ello después de una orden emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el poder legislativo llevaba un año de no acatar la sentencia para imponer una sanción.
González Flores fungió como gobernador interino durante los primeros seis meses del 2018, tiempo en que se recabaron las miles de firmas que se captaron en tiempo laboral para que “El Bronco” pudiera amarrar la candidatura a la presidencia de la República.
Otro de los funcionarios que recibieron una orden de una autoridad electoral fue Genaro Alanís de la Fuente, secretario de Desarrollo Social del Estado.
El pasado 3 de septiembre, el funcionario estatal confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, presidida por Gilberto de Hoyos Koloffon, le envió una notificación a su domicilio para que se abstenga de acercarse a María Deyanira Balboa Huerta para evitar cualquier situación de acoso o presión.
La ex empleada del programa Aliados Contigo denunció supuestas amenazas para dejar de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción supuestos desvíos de personal en siete estados del país, y ser obligados a recabar firmas para la fallida campaña presidencial de “El Bronco” en 2018.
La semana pasada, Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción, confirmó que por lo menos 350 de los 570 funcionarios de todos los niveles del gobierno de Rodríguez Calderón, han desfilado por la Fiscalía para declarar en el caso de las firmas en los que fueron supuestamente obligados a recabar en horario laboral.
Ex funcionarios
El pasado 8 de julio, un juez giró una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales, ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, durante la era de “El Bronco”, así como de César Gerardo Francisco García Méndez, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de administración fraudulenta por el caso Paula Cusi.
Sin embargo, dos días después Erik Zabalgoitia Novales, juez décimo catorce de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, frenó la captura de Canales al emitir un amparo que lo blindó de cualquier orden de aprehensión.
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Otro de los ex funcionarios que también la ha librado fue Adalberto Núñez, ex titular de Fomerrey, quien compareció ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra-venta de terrenos de esta dependencia.
En la cuenta pública del 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó estas anomalías por un monto superior a los 15 millones de pesos, cuando él la encabezó, pero que no llegó a mayores al no ser vinculado a proceso por un juez de control a principios de año.
En febrero del 2017, tras informarse del repunte en el número de ejecuciones y crímenes en Nuevo León, Roberto Flores renunció como procurador del Estado.
Su paso por la Procuraduría estuvo marcada por la controversia y escándalo al ser acusado de nepotismo, ya que parte de su familia cobraba en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública, y ellos fueron despedidos.
Un año atrás, Flores Treviño reconoció que fue detenido y fichado en Estados Unidos por girar cheques sin fondos, por un adeudo que tenía con un casino, donde jugaba y apostaba.