Un juez federal otorgó una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque el juzgador revisará si el mandatario cuenta con fuero.
Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en Tamaulipas, decidirá hasta el próximo 7 de junio, un día después de las elecciones, si otorga al mandatario estatal la suspensión definitiva.
El juzgador señaló que “el requisito de procedibilidad para el ejercicio válido de la acción penal en contra (del gobernador) por los delitos que le atribuya la FGR se encuentra sub júdice (en análisis del juez).
“Por tanto, se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”.
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En su demanda, el gobernador mencionó que goza de fuero, porque el Congreso local no homologó la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados federal, además de que existe el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que solo podrá ejercerse acción penal cuando termine su encargo.
El juzgador mencionó que si la Legislatura local no aprobó el desafuero subsiste la inmunidad, lo cual, se insiste, será en todo caso la materia del fondo del amparo y el funcionario cuestionado conserva su cargo hasta que concluya el periodo para el que fue electo si así se llega a determinar en este amparo.
“La hipótesis a que se contrae el artículo 111 constitucional, al margen de su interpretación, en esta etapa procesal, conserva vigencia mientras no se modifique mediante la reforma correspondiente. Igual circunstancia presenta la determinación de la Legislatura local de Tamaulipas, pero también conserva vigencia, por ahora.
“En consecuencia, en aplicación del principio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, en armonía con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, se estima que negar la precautoria que nos ocupa causaría mayor perjuicio al interés social o al orden público, puesto que el pueblo tamaulipeco representado por la Legislatura local determinó en el punto de acuerdo LXIV 267 que el hoy quejoso sigue siendo gobernador y, por lo mismo, conserva el fuero o inmunidad procesal y, de momento, legamente no puede ser puesto a disposición de las decisiones de otras autoridades en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que desde luego será materia del fondo del amparo”.
El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados quitó el fuero al gobernador y el 19 de mayo un juez otorgó la orden de aprehensión. Desde entonces la defensa del mandatario y el Congreso local han mantenido una discrepancia con las autoridades federales sobre la posibilidad de arrestar a García Cabeza de Vaca.