Al alcalde de Victoria Eduardo Gattás y a su secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez, les pareció desproporcionada la multa por 11 mil 314 pesos que les impuso el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) al infraccionarlos por violencia política de género. También objetan su inclusión en el padrón nacional y estatal de personas sancionadas por esta conducta.
Así lo expresan en la impugnación que llegó al Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), donde afirman que la resolución en su contra daña su imágen pública, pues ellos se limitaron a dar lectura en cabildo al escrito donde un particular pedía apoyo para resolver una problemática relacionada con la síndica y el hijo de ambos.
La multa fue equivalente a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo que para los funcionarios es improcedente porque no se realizó un análisis real y verificable de sus condiciones socioeconómicas.
“En ningún momento se recabó información de percepciones, ingresos, cargas económicas, obligaciones financieras o contexto patrimonial, se hizo una presunción genérica. Y de manera contradictoria, se descartan sanciones menos gravosas, como apercibimiento o amonestación”.
Gattás y Reséndez sostienen que resulta desproporcionada, tratándose de una infracción ordinaria y sin agravantes, una multa equivalente al 20% del máximo legal permitido, sin que se expliqué el motivo.
Niegan exista un elemento de género en este tema, que involucra a una servidora pública en funciones, asegurando que su actuación fue institucional y no con el afán de agredirla por el solo hecho de ser mujer. Que habrían procedido igual si se tratara de un hombre.
Añaden que, suponiendo sin conceder, que la determinación de los consejeros electorales estuviera sustentada, no justifican la multa aplicada y piden también dejar sin efectos su registro en el padrón estatal y nacional de infractores, pues señalan que esa incorporación los vulnera en su derecho a la honra, reputación, imagen pública y presunción de licitud.
El Instituto Electoral de Tamaulipas expuso que existían otras vías para notificar a la denunciante que, a su juicio, habrían garantizado mejor su intimidad y vida privada, como una reunión en la oficina del secretario del Ayuntamiento o del presidente municipal y no en plena sesión de cabildo, pues se divulgó información privada.
Del caso se dio conocimiento a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal. “No se tuvo la finalidad de exponer, desacreditar o denigrar a la hoy denunciante” reiteraron los acusados