El general Eduardo León Trauwitz solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga y resuelva el amparo con el cual pretende que se eche abajo la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburo.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca al ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, porque presuntamente, junto con distintas personas que él nombró, se organizaron y conformaron una organización, cuya finalidad era sustraer hidrocarburos.
La solicitud de atracción fue presentada y firmada por David Samuel Mejía, abogado del militar.
La Corte solicitó al tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito que informe el estado que guarda el amparo en revisión de León Trauwitz, y en caso de aún no pronunciarse que remita una copia y no lo resuelva hasta en tanto alguno de los ministros de la Primera Sala decida si hace suya la solicitud.
En junio de 2020, Eutimio Ordóñez, juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, negó la protección de la justicia al general, tras determinar que estuvo bien fundada la orden de captura girada en mayo de 2019, por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex se presume que huyó del país, motivo por el cual la FGR solicitó a Interpol emitir una ficha roja.
La FGR consideró que la sustracción de hidrocarburos se hizo cuando León Trauwitz ingresó a Pemex y hasta que dejó el cargo en 2017. Indicó que durante este tiempo, en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México, existió un faltante muy grande de petrolífero que se sustraía a través de tomas clandestinas, principalmente de dos poliductos: Minatitlán-México y Madero-Cadereyta.
Asimismo, que la labor de los inculpados, la mayor parte de ellos militares, era no reportar los hallazgos de las tomas clandestinas que detectaban los agentes de seguridad física de Pemex a las áreas correspondientes para que realizaran las denuncias y repararan los ductos a través de procedimientos autorizados.
O también desmantelaban o inhabilitan las tomas clandestinas a través de procedimientos rústicos, que no se ajustaban a los protocolos establecidos y acerca de lo cual no existía registro o constancia alguna. Además, ignoraban el sistema de alertas Leaklab, que permitía conocer las variaciones en el flujo de hidrocarburo en los ductos.
La FGR indicó que eso lo hacía con participación de subordinados, a quienes daba instrucciones que debían acatar por su grado militar e incluso coaccionaban para que obedecieran.