La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal el cambio de medida cautelar para que el ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, debido a su precario estado de salud.
Sosa Castelán permanece recluido desde el 31 de agosto de 2020, tras ser detenido y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
Funcionarios judiciales consultados por MILENIO, revelaron que el pasado 21 de enero, la FGR pidió el cambio de medida cautelar, “motivando la pretensión en la salvaguarda de la salud e integridad del imputado”.
Por acuerdo del mismo día, el juez de control requirió a la FGR para que le remita, en cinco días hábiles a partir de su notificación (sábado), constancia que acredite la autorización del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, o del funcionario en que se delegue dicha facultad, conforme al antepenúltimo párrafo del Art. 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El citado artículo establece que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.
Además, que la solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.
El año pasado, Gerardo Sosa manifestó que padece hipertensión y ha sufrido preinfartos, por lo que pidió que se le suministren medicamentos y se le practiquen los estudios de laboratorio que requiera.
Incluso su defensor señaló a un Tribunal Federal que su cliente se ha desvanecido cinco veces en los pasillos del Altiplano, tiene mareos, ansiedad, presenta problemas en la columna vertebral, y tiene miedo de levantarse y caerse.
En septiembre de 2020, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Sosa Castelán y a María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso.
La FGR los imputó por utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos, entre 2011 y 2018.
Los recursos fueron a parar, según la investigación de la FGR, a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
Según la dependencia federal, las mencionadas personas utilizaron a la “empresa fachada” Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Los fondos de la mencionada casa de estudios forman parte de aportaciones federales y estatales.