El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso como condición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a México y retomar las investigaciones de Ayotzinapa, inmunidad ante detenciones por su labor en el caso y que ésta sea perpetua.
“Los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones del GIEI, conforme al derecho internacional aplicable, incluyendo inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal, inmunidad contra todo procedimiento seguido ante autoridad judicial, ministerial o administrativa respecto a los actos ejecutados y expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, e inviolabilidad de todo papel, documento y correspondencia” se detalla en el artículo cuarto del acuerdo.
Más adelante, en dicho artículo que versa sobre las garantías brindadas por el gobierno mexicano para el buen desarrollo de la asistencia técnica internacional se hace la precisión textual sobre la perpetuidad de dichos beneficios: “Los privilegios e inmunidades respecto a las funciones cumplidas por el GIEI son perpetuas”.
Además de que se negoció, según lo informado, que el GIEI exigió un espacio al interior de la Secretaría de Gobernación en donde sus integrantes pudieran trabajar con toda tranquilidad en el caso, aunado a un compromiso de parte del gobierno federal a cubrir todos los gastos del grupo de expertos.
“Los espacios y equipos necesarios para que el GIEI pueda realizar su trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos”, enfatiza el texto.
Lo anterior viene detallado en un acuerdo de reinstalación para que los expertos del GIEI brinden asistencia técnica internacional en la investigación del caso Ayotzinapa entre el gobierno mexicano y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El documento, incluido en el anexo número seis del informe presentado este jueves fue suscrito a nombre de México el 17 de abril del 2020 por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado.
También exige el pleno acceso del grupo de expertos provenientes del continente americano a todos y cada uno de los expedientes de las investigaciones del caso y el acceso a la información gubernamental relacionada con los hechos, pero impidiendo al gobierno mexicano en todo momento el derecho de reservar cualquiera de estos.
JLMR