La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) parecía anticipar que la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, enfrentaría el mismo escenario que otros personajes relacionados con el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados.
Pero tres audiencias en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte cambiaron el destino.
Aunque fue vinculada a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó enviarla a prisión y le permitió enfrentar el proceso en libertad provisional.
Las casi 35 horas de debate que sumaron tres diligencias estuvieron marcadas por el choque entre la Fiscalía General de la República (FGR), que buscó acreditar un riesgo de fuga para encarcelarla, y la defensa, que sostuvo que no existen elementos para señalarla de un supuesto delito y mucho menos para restringir su libertad.
El asunto inició el pasado 1 de julio con la captura de Gilda Lozoya tras arribar a México en un vuelo procedente de Amsterdam.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) alertaron a los agentes de Interpol México sobre su llegada y, una vez que descendió de la aeronave, se ejecutó la orden de aprehensión vigente desde 2023.
El viernes de 3 de julio fue presentada ante la juzgadora federal para la audiencia inicial, en la que la fiscalía le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por su presunta participación en la trama de la planta chatarra.
De acuerdo con la imputación, en 2012 Gilda Susana recibió 3.4 millones de dólares que supuestamente fueron enviados por Altos Hornos de México (AHMSA) y su entonces presidente del consejo de administración, Alonso Ancira Elizondo.
Según la fiscalía, los recursos constituían el pago de un favor para que, un año después, Emilio Lozoya, como director de Pemex, favoreciera la adquisición de la planta de fertilizantes localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz.
La imputación sostiene que el dinero fue depositado en una cuenta de la firma Tocho Holdings Limited, en Ginebra, Suiza, empresa creada por su hermano Emilio que le cedió derechos como la principal beneficiaria.
Posteriormente, los recursos regresaron a México para la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares con un valor de alrededor de 2.5 millones de dólares.
Los fiscales expusieron más de 50 datos de prueba para respaldar su teoría y recordaron que Agronitrogenados llevaba sin operar desde 1999, además de que requería inversiones de más de 250 millones de dólares para su rehabilitación después de haber sido adquirida por Pemex.
En esta primera audiencia, la jueza rechazó la petición de imponer prisión preventiva justificada.
Nora Ileana destacó que la FGR no acreditó que existiera un riesgo real de fuga ni presentó evidencia reciente de que la imputada hubiera intentado evadir la acción de la justicia.
“La fiscalía no tiene justificada esta pretensión de que se imponga la prisión preventiva justificada; la medida cautelar no es una sanción”, declaró.
En lugar de ordenar su ingreso a la cárcel, le impuso medidas cautelares, como la entrega del pasaporte, el uso de un dispositivo electrónico de localización, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de abandonar el país o salir de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Al concluir la diligencia, la jueza manifestó que confiaba en que acudiría a las siguientes audiencias.
Gilda Lozoya respondió: “Tengo fe en la justicia. No me iré a ningún lado. Aquí está mi casa, aquí está mi familia. No tengo miedo porque soy inocente”.
En esa primera comparecencia, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la familia Lozoya cuestionó que durante la captura hubieran sido tomadas fotografías y videos de la imputada, material que difundió la FGR.
Segunda comparecencia
El 7 de julio se celebró la audiencia para determinar si era vinculada a proceso, diligencia que se prolongó durante 14 horas y en la que la FGR aseguró que había elementos suficientes para iniciar un proceso.
Después de escuchar a ambas partes, la jueza resolvió que los datos de prueba permitían presumir que Gilda Susana participó en un esquema para introducir al país recursos provenientes del extranjero con el propósito de ocultar su origen, razón por la cual la vinculó a proceso.
También otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Rojas Pruneda manifestó que durante el periodo en que supuestamente ocurrieron los hechos, es decir, 2012, la hermana menor de Emilio cursaba la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Negó que hubiera abierto una cuenta bancaria tal y como afirmaba la FGR para recibir y transferir los recursos.
También solicitó que no se tomaran en cuenta varias pruebas que, según dijo, habían sido excluidas por un Tribunal Federal en el proceso seguido contra Emilio Lozoya.
Los fiscales subrayaron que esas resoluciones aún no estaban firmes y que la exclusión de pruebas no podía discutirse en esta etapa procesal.
Concluida la vinculación, la fiscalía sorprendió al solicitar de inmediato una audiencia para revisar las medidas cautelares porque aseguró que contaba con nuevos datos de prueba.
La defensa criticó la decisión y acusó al Ministerio Público de pretender repetir la estrategia que en su momento fue aplicada contra Emilio Lozoya, quien estuvo dos años, tres meses y 17 días preso en el Reclusorio Norte.
“Que no les corra prisa para querer meterla a la cárcel, es una vulgaridad”, criticó el litigante, quien además dijo que le llamaba la atención el interés mostrado desde las más altas esferas del gobierno federal sobre este asunto.
La revisión
La tercera audiencia celebrada el 9 de julio fue únicamente para resolver si Gilda debía permanecer en libertad o ingresar a prisión de manera preventiva.
Los fiscales aseguraron que durante varios años la mujer permaneció oculta para evitar ser detenida.
Señalaron que entre 2010 y 2019 realizó 75 salidas del país, principalmente hacia Estados Unidos y Europa, y destacó que en junio del presente año viajó nuevamente a Francia antes de ser detenida a su regreso a México.
Aseveró que cuenta con recursos económicos suficientes para abandonar el país y mencionó que también es investigada en otra carpeta de investigación que está en trámite relacionada con el caso Odebrecht.
Una vez más, la jueza volvió a rechazar la petición.
García Peralta cuestionó que la fiscalía promoviera una revisión de medidas cautelares sin contar con información actualizada sobre la situación de la imputada y preguntó por qué la alerta migratoria y la ficha roja de Interpol fueron solicitadas el 26 de junio de este año, es decir dos días después de su salida del país con destino a Francia, cuando la orden de aprehensión había sido girada desde 2023.
La juzgadora también mostró su sorpresa porque el Ministerio Público obtuvo información sobre la cuenta de Afore de Gilda, sin autorización judicial y concluyó que la investigación de la que habló la FGR, es decir, Odebrecht, aún no han sido judicializada y no justifica por sí misma la imposición de una medida cautelar más severa.
El abogado de la familia enfatizó que elementos de la fiscalía incluso acudieron a varios domicilios de Bosques del Pedregal con la intención de recabar datos para saber si realmente la conocían los vecinos, pero los inmuebles que visitaron no correspondían a la calle en donde ella vive.
La jueza de control cuestionó que la FGR haya usado dos notas periodísticas para intentar demostrar la existencia de supuestas redes de poder de la familia Lozoya con políticos y su poder económico, para justificar un posible riesgo de fuga.
Antes de que concluyera la audiencia, Gilda Lozoya pidió la palabra para dirigirse a la jueza.
“Usted me dijo que confiaba en mí y aquí estoy. Lo seguiré haciendo mientras esté en investigación. Ha habido personal de la fiscalía afuera de la casa de mis papás durante años; me han visto cientos de veces. No hay más que perversidad y acoso de la fiscalía. Estoy orgullosa de mi inocencia. Confío en Dios y confío en que usted haga lo correcto”, expuso.
La jueza mantuvo las medidas cautelares impuestas desde el inicio del proceso y rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
LG