El pasado gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca presentó irregularidades en el fondo para atender a la ciudadanía no derechohabiente de instituciones de salud, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras detectar gastos sin comprobar por más de 400 millones de pesos e incumplimientos en la normatividad.
El organismo revisó la cuenta pública 2021 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, concluyendo que el gobierno de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos y se incumplieron objetivos y metas.
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De entrada, señaló que el gobierno federal asignó a la administración estatal recursos por 1 mil 045 millones 396 mil 300 pesos a través del acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.
De ese monto, la ASF revisó una muestra de 935 millones 743 mil 400 pesos, que representó el 89.5% de lo transferido durante ese ejercicio fiscal. Cabe mencionar que de los recursos retenidos por el Insabi para su entrega en especie por 266.9 millones de pesos, la entidad reportó la recepción de 47.3 millones.
Por otra parte, 198.2 millones de pesos fueron transferidos de manera líquida del recurso retenido que no fue ejercido por el Insabi en la compra consolidada. De la diferencia por $21.3 millones, los Servicios de Salud de Tamaulipas no remitieron las órdenes de suministro, facturas, remisiones de recepción de insumos y formatos de entradas de “bienes, insumos, medicamento y material de curación”.
Lo anterior, sin que a la fecha de la auditoría, el Insabi conciliara con el estado la entrega de estos recursos y validara el cierre del ejercicio 2021, manifestó la ASF en su informe de resultados publicado en su página de internet.
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Al concluir la revisión, se determinaron recursos pendientes de aclarar por un monto de 402 millones 438 mil 247 pesos, integrado por la falta de documentación que justifique y compruebe el gasto.
Se emitieron 42 resultados, de los que en 15 no se detectaron irregularidades y 23 fueron solventados antes de presentarse este informe. Los cuatro restantes generaron tres solicitudes de aclaración y un pliego de observaciones.
También hubo subejercicio, pues al 31 de diciembre de 2021, se comprometieron $971. 9 millones y pagaron $819.3 millones, y hasta el 31 de marzo de 2022 se registró como pagado la totalidad de los recursos líquidos comprometidos.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa infringió la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, lo que generó un importe pendiente de aclarar por 402.4 millones, el 43% de la muestra auditada”.
Asimismo, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, pues no se publicaron los universos, coberturas y servicios ofrecidos, ni la información vinculada con el pago del personal comisionado o con licencia.
“En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, dice el dictamen.
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AYPC