La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Colegio de Notarios, todos de la Ciudad de México, instalaron una mesa de trabajo enfocada a evitar la comisión de delitos patrimoniales y coordinar acciones interinstitucionales para su atención.
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"Se trata de un tema sensible para las personas y para la ciudad, donde las instituciones participantes intercambiarán información sobre procesos en marcha y colaborarán con distintas medidas, cada una y de manera conjunta, para resolver el problema", dijo Héctor Villegas, titular de la Cejur y coordinador de la mesa de trabajo.
En comunicado, mencionó que los participantes coincidieron en generar certeza en el patrimonio de las personas, fortalecer medidas de seguridad, mecanismos de validación de la documentación y sentencias que brinden seguridad a la ciudadanía.
"Un primer acuerdo fue concentrar las casi 500 carpetas de investigación iniciadas sobre despojo en una sola Fiscalía, la de Asuntos Especiales, adscrita a la Procuraduría capitalina, para perfilar la especialización de fiscales, aprovechar sus saberes y experiencia en la resolución de los casos".
En ese sentido, procuradora Ernestina Godoy, detalló que las modalidades de los despojos se pueden dar con que personas entren a inmuebles donde viven adultos mayores o mujeres solas y les cambian la chapa; invasiones de organizaciones sociales; sentencias apócrifas, o verdaderas pero con fraudes procesales.
Informó que hasta el momento, alrededor de 50 inmuebles han sido devueltos a sus propietarios.
En tanto, el presidente del Colegio de Notarios, Marco Antonio Ruíz, manifestó que en 2018 y lo que va de 2019 han denunciado 15 casos de suplantación de identidad y 31 casos de documentación apócrifa.
"Ya se utiliza papelería con altos elementos de seguridad y protección para identificar si un documento fue emitido por alguna notaría o es apócrifo, además de impulsar que los documentos notariales sean telemáticos".
Por su parte, el Magistrado presidente del TSJ, Rafael Guerra, expresó que el problema concreto es que a través de la comisión de un delito se pretende tener un beneficio patrimonial y anunció que en breve presentará un protocolo que articule las acciones que deriven en sentencias sobre despojos y donde el juez cuente con información de otras instituciones de la ciudad.
"Asimismo, ya trabajan un módulo piloto sobre identificación de documentos, con código QR, además de implementar y reforzar cada uno mecanismos de seguridad documental, los participantes sesionarán regularmente y se coordinarán para conocer, atender y operar decisiones que lleven a la resolución de casos de despojo".
Finalmente, dijo que se dará atención especial a grupos vulnerables, personas adultas mayores, mujeres solas, o con bajo nivel educativo que les limita defender su propiedad.
EB