Tras detectar presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Se trata de Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable; y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación, y la acción es resultado del seguimiento realizado a diversas transferencias interbancarias.
Aunado a ello, las empresas en las que ambos ex funcionarios tienen relación directa son objeto de auditorías, entre ellas Canadá Grupo Inmobiliario SA de CV, de la cual Manuel Vital es socio directo.
De acuerdo con la investigación realizada por la SAT Nuevo León, las razones sociales involucradas en la presunta simulación de operaciones son Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales, Telecomunicaciones y Servicios del Norte, además de IVG Comercializadora.
“Con el congelamiento y embargo precautorio de cuentas se pretende que la serie de empresas y personas físicas investigadas regresen los montos facturados como operaciones simuladas, o bien, operaciones realizadas con sobrecosto; a fin de que puedan resarcir los impuestos no pagados en dichas transacciones”, señaló una fuente estatal.
En noviembre de 2020, la plataforma MILENIO-Multimedios consignó que la empresa Canadá Grupo Inmobiliario, de Manuel Vital, construía casas en el municipio de San Pedro para el Sorteo Tec, pero éstas carecían de los permisos necesarios, por lo que fueron clausuradas por la Secretaría de Ordenamiento.
Vital Couturier estuvo además en el centro de la polémica cuando días antes de acabar el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, publicó un decreto que liberaba de restricciones para hacer desarrollos inmobiliarios en las zonas aledañas a las pedreras, mismo que a la postre fue derogado por la actual administración.
En tanto, Errisúriz recibió múltiples cuestionamientos durante los trabajos de transición por el estado que guardaban los planteles educativos.
Ahora, ambos ex funcionarios podrían enfrentar acusaciones de índole penal e investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal.
“Las auditorías que fueron motivo para la materialización de dichos bloqueos serían terminadas en unos meses, una vez que se desarrolle el procedimiento de fiscalización y se corroboren las operaciones presuntivas que dieron origen al bloqueo de cuentas bancarias”, se estableció en un comunicado del gobierno del estado.
Apenas el pasado mes de febrero, la Fiscalía General de Justicia del estado vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de Metrorrey por los probables delitos de ejercicio ilícito de servicio público y contra el patrimonio del estado.
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