Desconoce Estado intenciones de Fiscalía para judicializar 'Cobijagate'

Manuel González, secretario general de Gobierno, mencionó que no están enterados de las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que no puede opinar al respecto.

El secretario general de Gobierno, Manuel González. Foto: Orlando Maldonado.
Adín Castillo
Monterrey /

Luego de que se revelara que la Fiscalía Anticorrupción buscaría solicitar una vinculación a proceso por el escándalo del 'Cobijagate', el gobierno estatal manifestó desconocer cualquier nueva orden jurídica en el asunto.

Manuel González Flores, secretario General de Gobierno, descartó conocer las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción de pedirle a un juez que se vincule a proceso a algún involucrado en la compra de cobijas realizada al inicio de la administración actual.

Sin embargo, señaló que esperarán a ver si se cristaliza alguna acción para responder en consecuencia.

"Yo le pediría lo consultaran con el fiscal Anticorrupción, nosotros no tenemos, primero, conocimiento, y segundo, opinión sobre eso, yo creo que lo conveniente es preguntarle al fiscal Anticorrupción.
"La realidad es que no estoy enterado de que exista eso, y segundo, no me correspondería a mí en todo caso, sino hasta conocer cuál es el contenido, si es que existe eso, cuál es el contenido y ver qué es lo que va a hacer el Estado para observar esas posiciones que se presentasen, si es que fuese el caso", dijo.

Milenio Monterrey publicó este jueves que la Fiscalía Anticorrupción contempla emprender una estrategia para que el caso del 'Cobijagate' sea judicializado, de acuerdo a fuentes allegadas a la investigación.

Sin embargo, también resaltaron que se enfrentan a limitaciones por el hecho de que el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, argumentó en ese entonces que no existían elementos para perseguir el delito.

El escándalo del 'Cobijagate' se remonta a los primeros meses de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, específicamente el 28 de diciembre de 2015, cuando se concretó una compra de 200 mil cobertores a precios inflados, por un monto de 28.9 millones de pesos a una empresa fantasma.

Ya con la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal el 9 de noviembre de 2018, por lo que a más de un año, podría haber novedades y una posible judicialización del caso.

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