El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista propuso al pleno reformar los códigos Penal y Administrativo para aumentar la pena a quienes cometan asaltos en el transporte público y se establezca un seguro que le permita a la persona que viaja recuperar el valor de lo perdido.
Las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo plantearon que el robo en el transporte debe ser sancionado con penas que vayan de los 18 a los 24 años de prisión y una multa de mil 500 días; en lugar de la pena actual de 12 a 18 años de cárcel y de mil días de multa.
Consideran que si el gobierno estatal no es capaz de garantizar la seguridad a la población debe ser el responsable de cubrir el seguro del viajero a quienes sean asaltados en el transporte público y pierdan su cartera, celular o cualquier otro bien que puedan acreditar.
El requisito será que se denuncie el delito ante el Ministerio Público y se “garantice el pago de un monto mínimo por hasta 750 pesos a usuarios víctimas de robo en el transporte público, a fin de reparar una parte de la afectación patrimonial que hayan sufrido los usuarios por este ilícito”.
Los concesionarios y permisionarios en conjunto con el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, señalan, serán responsables de otorgar un seguro de viajero a los usuarios del transporte público cuando sean víctimas de robo, a fin de otorgarles un monto total de mil 500 pesos, en aportación solidaria la mitad cada uno.
No será necesario comprobar con tickets o facturas el monto de lo robado, pero sí presentar la denuncia. El concesionario debe garantizar con el contrato de una aseguradora o con depósito de un fondo, el pago de la mitad de este seguro.
Esto para tratar de disminuir el robo a bordo del transporte público, luego que la mitad de ilícitos registrados en el país ocurren en la entidad, sobre todo en la zona oriente, a bordo de combis y con uso de violencia.
Sancionar incumplimiento de exhortos
La bancada ecologista también presentó una iniciativa de ley para ajustar la Constitución de la entidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para sancionar a quienes no atiendan los exhortos emitidos por el Congreso.
En su iniciativa establecen que los puntos de acuerdo deberán ser contestados por escrito, en un plazo de 30 días hábiles o de 20 días hábiles cuando se trate de temas de urgente y obvia resolución, en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Agrega que las dependencias y entidades de la administración pública estatal deberán atender los puntos de acuerdo aprobados por la Legislatura del Estado, en un plazo improrrogable de 30 días, y de 20 días hábiles en caso de que el punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución.
El incumplimiento a esta obligación se sancionará conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
KVS