En lo que va del sexenio, el gobierno federal ha recibido 6 mil 900 millones de pesos provenientes de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 83 por ciento de esos recursos se ha destinado en mejorar las condiciones de vivienda, modernización del Estado y apoyar inversiones sociales para mejorar el sistema de pensiones y condiciones laborales.
El rubro con más recursos entregados es el de Desarrollo de Vivienda con mil 902 millones de dólares divididos en al menos ocho créditos, pero destaca que casi la totalidad de estos recursos se ubican en tres préstamos que buscan la establecer las bases para el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial y apoyar a familias en condición de rezago social.
De hecho, el crédito más grande que ha recibido el gobierno federal fue aprobado el 8 de diciembre de 2021 por un monto total de mil millones de dólares para “contribuir a la reducción del rezago urbano y social mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios para las personas que habitan en zonas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios elegibles”.
Otro crédito de grandes montos fue el que se aprobó el 18 de diciembre de 2019 por un total de 600 millones de dólares para establecer las bases para el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial y urbano que sea integral, inclusivo, resiliente, y sostenible.
En la exposición de motivos se señala que este préstamo “continuará apoyando el proceso de reglamentación y aplicación de los instrumentos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) a nivel legal, institucional, instrumental e informacional con el objetivo de consolidar a la SEDATU como el rector del ordenamiento territorial en el país”.
Además, el BID aprobó en diciembre de 2021 un crédito por 300 millones de pesos con el objetivo de mejorar el acceso a espacios públicos y equipamiento urbano de las personas elegibles; contribuir al otorgamiento de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y mejorar las herramientas de planificación a nivel municipal, metropolitano y estatal.
Inversión social
En el rubro de inversión social, el gobierno federal ha echado mano de 15 créditos con un valor en conjunto de mil 505 millones de dólares; sin embargo, el 99 por ciento de estos fondos se destinan a dos créditos dedicados a fondear el sistema de pensiones y a mejorar las condiciones laborales en nuestro país.
El primero de ellos fue aprobado en mayo de 2020 por un monto de 800 millones de pesos y se tituló Programa para Mejorar la Calidad del Empleo en México.
El objetivo de esta primera operación es mejorar la calidad del empleo mediante el apoyo al diseño de reformas laborales normativas para: mejorar la defensa de los derechos laborales; mejorar la justicia laboral; y mejorar el funcionamiento de la seguridad social.
Cabe recordad que el martes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que haya solicitado una segunda parte de este proyecto al argumentar que “el gobierno federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración”.
Pese a lo anterior, el pasado 28 de septiembre de 2022, el BID aprobó un crédito por crédito por 700 millones de dólares con la finalidad de reducir la vulnerabilidad económica de los adultos mayores. Dicha línea de crédito se encuentra con un estatus de implementación y se cuentan con los documentos de propuesta y aprobación.
El objetivo general del programa se centra en mejorar la cobertura y los beneficios del sistema de Pensión no Contributiva; y mejorar la cobertura, suficiencia y equidad de los beneficios otorgados por los sistemas de Pensión Contributiva.
En la propuesta del préstamo el BID establece que “el gobierno de México inició un proceso de reformas para mejorar los sistemas de pensión no contributivas y pensiones contributivas, el cual ha sido acompañado técnicamente por el Banco”.
En primera instancia se colocó en la Constitución el derecho de todos los adultos mayores a recibir una pensión por parte del Estado mexicano, y en segundo plano se reformó la Ley del Seguro Social para aumentar las aportaciones por parte de los empleadores a las cuentas individuales de sus trabajadores en las Afores.
Además, en la justificación de la solicitud del préstamo se establece que “la implementación de estas reformas representará un reto institucional y fiscal importante durante los siguientes años. El gobierno de México ha solicitado apoyo al Banco para implementar las reformas de pensiones y contribuir a resolver los problemas estructurales de los sistemas.
Modernización del estado
En el rubro de Modernización del Estado, el gobierno federal ha recibido mil 303 millones de pesos divididos en 13 créditos implementados o culminados. El más costoso fue para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Hacendaria de Estados y Municipios II con una línea abierta de 600 mdd; y otro préstamo de 500 mdd para “contribuir a la recuperación económica postpandemia, mediante avances institucionales que aumenten la competitividad.
Cabe señalar que en este rubro se encuentran dos créditos de 500 millones de dólares, los cuales se encuentran en fase de preparación, y que serían utilizados para mejorar la sostenibilidad fiscal subnacional y para brindar un segundo apoyo a la economía nacional tras la pandemia de covid-19.
Rubros rezagados
Mientras que la mayoría de los recursos van para rubros como vivienda, programas sociales o modernización del Estado, otros sectores han recibido pocos recursos por parte del BID. Para la educación solo se han otorgado 3.1 millones de dólares, para el sector salud 5.9 mdd; para el medio ambiente y desastres naturales, 7.3 millones.
ledz