El gobierno federal no ha podido recuperar ni el 1 por ciento del dinero que se ha llevado la corrupción. En los últimos dos años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha podido documentar y sancionar desfalcos por más de 728 millones de pesos al erario, pero ha recuperado poco más de 5 millones, es decir, el 0.70 por ciento.
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Así lo revelan los informes que la SFP ha presentado al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La responsabilidad de recuperar ese dinero es del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración, al 30 de noviembre de 2020, los Órganos Internos de Control (OIC) de la SFP lograron aplicar 249 sanciones económicas firmes ¬–es decir, que no fueron revocadas por tribunales–, para que funcionarios o exfuncionarios responsables devuelvan 728 millones 154 mil 774.54 pesos a las arcas públicas.
Los montos de las multas que las autoridades aplican son equivalentes al daño patrimonial que logran documentar con sus investigaciones.
Esto no significa que todo ese dinero haya sido “robado” en los dos primeros años de la actual administración.
Únicamente quiere decir que, en estos dos años, esas multas quedaron firmes, es decir, fueron ratificadas por tribunales, en caso de que hayan sido impugnadas cuando se dictaron.
Esos procedimientos ante tribunales pueden durar varios meses, incluso, años, por lo que algunas de dichas sanciones pudieron haberse aplicado desde el sexenio anterior y apenas se confirmaron.
Recuperación mínima
De los más de 728 millones de pesos de sanciones, 378.8 millones de pesos corresponden a 169 sanciones que quedaron firmes entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre del 2019.
Los 349.3 millones de pesos restantes corresponden a 80 sanciones del año posterior.
Sin embargo, de esas sanciones, el SAT sólo ha recobrado 5 millones 97 mil pesos.
De ésos, 4 millones 78 mil pesos corresponden 59 sanciones efectivamente cobradas por el SAT entre 2018 y 2019 y un millón 18 mil 331 pesos, a 11 sanciones cobradas entre 2019 y 2020.
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Banco del Bienestar, un hoyo al erario
El Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), es la institución que concentra el monto más alto de sanciones económicas firmes; en total, 202 millones 334 mil pesos.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, la SFP reportó sanciones a Bansefi por 19 millones 691 mil 23 pesos; pero en ese periodo no recuperó ni un peso.
Entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, ya como Banco del Bienestar, acumuló sanciones por 182 millones 642 mil 980.05 pesos, de los cuales, hasta finales del año pasado, tampoco se había recobrado ni un peso.
Le sigue la Comisión Federal de Electricidad que en los dos años acumuló 124 millones 105 mil 314 pesos de sanciones económicas firmes, de los cuales sólo se rescataron en el primer año, 341 mil 759 pesos.
En tercer lugar, se ubica la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la que entre 2018 y 2019 se le confirmó una sanción por 87 millones 580 mil 199 pesos, sin que se haya reportado algún monto devuelto.
La institución que más ha logrado el reintegro de recursos públicos es el conjunto de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que agrupa a cuatro de estos instrumentos, del que se recuperaron 867 mil 775 pesos en 2018-2019 y 250 mil 937 pesos, en 2019-2020.
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es la otra institución de la que se han recobrado más recursos: en 2018-2019, se lograron resarcir 867 mil 955 pesos y en 2019-2020, 53 mil 458 pesos.
Investigaciones abiertas
Los informes sobre sanciones en firme y montos recuperados son entregados de manera anual por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en cumplimiento del artículo 57 de la Ley General del SNA.
El más reciente fue presentado en enero, en la Primera Sesión Ordinaria del 2021 del Comité Coordinador del SNA.
En este último informe, correspondiente al 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre de 2020, se incluye el número de investigaciones que están en curso en los que se presume algún daño patrimonial a la Hacienda pública, sin que se especifique el monto en cuestión.
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De esas estadísticas sobresale el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acumula la mayor cantidad de procedimientos abiertos, 2 mil 65, en los que se involucran presuntos desfalcos.
Le sigue el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que tiene 575 procedimientos abiertos, y Diconsa, con 444.
En total, los OIC de la SFP mantienen 4 mil 385 investigaciones en curso, de 115 dependencias federales, en los que se presume que hubo algún desfalco a los recursos públicos.
lvm