Que British Petroleum (BP) pague por el desastre de DeepWaterHorizon: con miras a obtener una reparación económica histórica, el gobierno de México mantiene activa una demanda civil en cortes estadunidenses contra la petrolera británica y una decena de compañías asociadas, a las que culpa de haber causado serios daños al entorno ecológico, económico y social en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán al permitir, por omisión, el peor derrame de crudo en la historia del Golfo.
La queja judicial 2:13-CV-01441-CJB-SS, en poder de MILENIO, da cuenta de que la administración de Enrique Peña decidió sumarse desde abril de 2013 a la letanía de multimillonarias demandas civiles que han llovido en contra de BP, tras determinar que sí hubo y habrá afectaciones del lado mexicano del Golfo de México como resultado del hundimiento de la plataforma DeepWaterHorizon y la explosión del pozo Macondo en aguas de Luisiana, el 20 de abril de 2010.
El gobierno federal advirtió que los daños de Macondo y Deepwater se extenderán al turismo y las industrias pesqueras, además de la "destrucción, daño y pérdida" de hábitats costeros, costas, manglares y especies como aves, tortugas marinas, mamíferos y corales en todas las entidades del Golfo.
"Millones de galones de petróleo fueron descargados al golfo y costas adyacentes", se establece en la queja, presentada ante la Corte Federal Este de Luisiana, con sede en Nueva Orleáns. "Esto causó un profundo daño al ecosistema del Golfo y generó daños económicos en toda la región, incluidos a propiedad, recursos naturales, personas, empleos y gobiernos de México".
Se añade: "Los Estados Unidos Mexicanos, una nación soberana y (...) sus ciudadanos dependen de los recursos naturales del Golfo de México y esos recursos han sido o serán dañados por el petróleo descargado al Golfo por las acciones y omisiones de los acusados".
La argumentación judicial deja claro que el gobierno federal exige de British Petroleum y asociados en la construcción y mantenimiento del pozo y la plataforma el pago de una reparación no cuantificada por considerarlos "negligentes" y "omisos" en sus responsabilidades. La demanda menciona como corresponsables a gigantes como HalliburtonEnergyServices, Transocean Holdings LLC, AnadarkoPetroleumCorp, TritonAsset Leasing y Moex Offshore, además de sus casas matrices y subsidiarias.
No se precisa a detalle cuánto dinero podría solicitar el gobierno mexicano, aunque de manera simbólica se citan 9 millones 999 mil dólares como una base de la cual partir. "Por ser un gobierno de un país como México, se debe tratar de una cifra cuantiosa, de decenas de millones", opinó Ezequiel Reyna, abogado estadunidense especializado en reclamaciones civiles, quien encabeza la demanda interpuesta a nombre de 25 mil pescadores mexicanos en Luisiana. Para dar una idea del tamaño al que puede ascender el reclamo de México, vale señalar el caso de 50 mil pescadores estadunidenses que también demandaron a BP. Tan solo en esa instancia, la empresa británica ha tenido que desembolsar más de 13 mil millones de dólares.
Para llevar la demanda, el gobierno mexicano contrató a los despachos Schulte, Roth&Zabel de Nueva York y Adams, Hoefer, Holwaden&Eldridge de Nueva Orleans.
Las exigencias
La semana pasada y tras haberse mantenido el tema en reserva por dos años, la corporación británica informó a sus accionistas que el gobierno de Peña decidió presentar el 19 de abril de 2013 una demanda en su contra en la Corte Federal Este de Luisiana. En ésta se exige la reparación monetaria por daños ecológicos, reembolso de gastos por operaciones de contención y monitoreo del derrame —en las que participaron buques de la Marina, Pemex, Conagua y la Semarnat— y pagos a poblaciones afectadas.
En el apartado reservado a "demandas no estadunidenses" de su Reporte Anual de Responsabilidad Social 2014, BP reconoció que el gobierno federal mexicano se agrega a la larga lista de entidades, personas y empresas que se manifiestan agraviadas por el derrame del pozo Macondo, y contenido cinco meses después, tras verter millones de galones de petróleo a las aguas del Golfo de México, generando un daño ecológico y social que aún no ha podido ser cuantificado del todo en ambos lados de la frontera.
"El gobierno federal mexicano presentó una acción civil contra BP y otros", se establece en el informe corporativo, disponible en la página de internet de la empresa. "La queja busca que se determine que cada uno de los acusados tiene responsabilidad bajo la Ley de Contaminación Petrolera (OPA) por sus siglas en inglés por daños que incluyen los costos de responder al derrame, daños a recursos naturales supuestamente recuperables por México, y la pérdida neta de impuestos, regalías, cuotas y ganancias".
Este diario consiguió una copia de la demanda civil presentada por el gobierno mexicano. Fue una decisión en la que la administración de Peña esperó hasta el último momento: la queja se registró en la corte de Luisiana el 19 de abril de 2013, horas antes de que venciera el plazo establecido por la justicia estadunidense para cerrar la recepción de quejas civiles.
"En esta acción el demandante (el gobierno mexicano) busca un juicio que declare que los acusados son en conjunto y separadamente responsables por los costos y daños al demandante, incluidos daños a recursos naturales", se explica en la queja judicial. Se trata de un documento que se extiende por 40 cuartillas en el que se enumeran las causas por las que, sostiene la administración de Peña, BP y socios deben pagar.
Por ejemplo, se cita que la Comisión Nacional investigadora creada por el gobierno de Estados Unidos para indagar las causas detrás del desastre, "determinó que los acusados cometieron errores y omisiones en relación a I) cimentación del fondo del pozo; II) lodo en el pozo; y III) el mecanismo de prevención de explosiones", entre otras múltiples deficiencias e irregularidades.
A lo anterior se añade que "cada uno de los acusados falló en el uso de las mejores y más seguras tecnologías de perforación para monitorear y evaluar las condiciones del pozo y minimizar el potencial para que estallara".
Sin tomar en cuenta los costos de remediación y otros cargos punitivos, el gobierno mexicano reclama el pago por operaciones navales y aéreas de las siguientes dependencias: Conagua, por estudios científicos, no menos de 161 mil 102 dólares; Instituto Mexicano del Petróleo, por estudios de laboratorio, un millón 657 mil 222 dólares; Secretaría de Marina, por sobrevuelos y campaña oceanográfica, un millón 914 mil 334 dólares; Semarnat por trabajos, entrenamiento y otras actividades, 3 millones 329 mil dólares; e Instituto Nacional de Ecología, por estudios de largo plazo y monitoreo, 4 millones 303 mil 599 dólares.