Meses después de que finalizó el pleito presupuestal entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local aprobó un dictamen para que el Ejecutivo done otros cuatro inmuebles, valuados en más de 106 millones de pesos, al organismo descentralizado.
De acuerdo con la ficha técnica girada a los diputados integrantes de la comisión, la enajenación de los cuatro inmuebles asciende a 106 millones 213 mil 569 pesos, al tiempo que el Gobierno del Estado tendrá un año para ceder los terrenos a la Fiscalía General.
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Aunque se robusteció el dictamen a petición de Mariela Saldívar, de Morena, y de Nancy Olguín, del PAN y presidenta de la comisión, los legisladores aprobaron el asunto por unanimidad de votos.
El primer predio que la FGJ obtendrá será el catastral 26 011 002 con una superficie de 3 mil 489.67 metros cuadrados, ubicado en la avenida José Eleuterio González, número 1104, colonia Emiliano Zapata, en Monterrey.
Seguido del 33 000 654, superficie 29 mil 030.83 metros cuadrados, ubicado en Anillo Periférico s/n, colonia Agropecuaria Andrés Caballero, Escobedo.
Sobre el tercer predio, 19 034 027, con una superficie mil 500 metros cuadrados situado en la avenida Serafín Peña, Lote 27, Manzana 34, entre las avenidas Benito Juárez y Nuevo León, en la Insurgentes, en Guadalupe.
Mientras que el 27 046 040, con una superficie 3 mil 138.76 metros cuadrados, ubicado en Fidel Velázquez y Rodrigo Gómez, en Monterrey, será el cuarto terreno para la FGJ.
Durante la sesión híbrida, Nancy Olguín, presidenta de la comisión, explicó que en octubre pasado se celebró un convenio entre el Estado y la FGJ con el objetivo de poner fin al conflicto derivado de la controversia de inconstitucionalidad 3/2019, promovida por el órgano descentralizado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Congreso.
Cabe mencionar que también se dio por concluida la controversia inconstitucionalidad 2/2020, tramitada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra del Congreso y del Ejecutivo local.
Semanas después, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas autorizó realizar los trámites para someter a consideración del Comité de Operaciones Inmobiliarias del Estado la enajenación de los inmuebles.
En un documento que llegó al Congreso en octubre pasado, se detalló que, para complementar la resolución de 2019, el Estado entregó diversos inmuebles valuados en 116 millones de pesos a la Fiscalía, como también más de 222 millones de pesos a capital de gasto corriente.
Los diputados locales también aprobaron una iniciativa enviada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, para que nueve predios sean rentados o vendidos a fin de obtener recursos económicos en favor de las finanzas del Estado, entre otros asuntos municipales.